Carlos E. Ramos

Tribuna Invitada

Por Carlos E. Ramos
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El derecho a la fianza: freno a la injusticia

El derecho absoluto a una fianza no excesiva que establece nuestra Constitución ocasionalmente es cuestionado por la opinión pública. Como se trata de un derecho que tenemos todas las personas, siempre me choca que se quiera eliminar o modificar. Los derechos constitucionales no han sido regalos de nadie. Al contrario: sus antecedentes históricos nos recuerdan que son una conquista de la humanidad frente a los déspotas.

Es parte de los derechos que tiene todo imputado y acusado de delitos graves que a veces menospreciamos salvo cuando somos objeto de investigaciones o acusaciones delictivas. Mucho más cuando estamos convencidos que se trata de un error o fabricación del Estado. Entonces siempre valoramos su existencia. Pregúntenles a exlegisladores protagonistas de proyectos de ley dirigidos a modificar el derecho a la fianza y que han cumplido cárcel o han salido airosos del proceso. O pregunten a exfuncionarios públicos que pisotean los derechos a la intimidad y dignidad humana y luego los reclaman con razón para protegerse del estado al que antes servían. 

Por supuesto, en algunos casos, la cuantía y demás condiciones impuestas al fijarse fianza pueden causar indignación. Esto ocurre cuando la cuantía nos parece muy alta o muy baja. Pero, siempre hay que recordar que el juez o la jueza que interviene en el proceso está regido por una serie de reglas que guían su discreción.

La Regla 218 de Procedimiento Criminal gobierna el asunto: al fijarse la cuantía, la misma no puede ser excesiva. Su fin principal es garantizar la comparecencia del acusado al proceso judicial que se enfrenta. Se debe considerar la naturaleza y las circunstancias del delito imputado. De igual forma, los nexos del imputado en la comunidad tales como tiempo en su residencia, historial de empleo, sus relaciones familiares, carácter, peligrosidad, condición mental del imputado, sus recursos económicos e historial sobre previas comparecencias y cumplimiento con órdenes judiciales. En ese proceso es auxiliado con los informes de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio. El Tribunal también puede imponer ciertas condiciones especiales contenidas en la regla aludida (como por ejemplo evitar todo tipo contacto con la víctima o sus familiares), así como aquella condición razonable que entienda necesaria. 

Es evidente que en determinados casos puede hacer surgir una “doble vara”. Así pues, un imputado con mayores recursos económicos, hogar y residencia estable y con empleo puede recibir una fianza cuantitativa y cualitativamente diferente a otro que no reúne estas características. El sexismo, racismo y clasismo son factores que pueden aparecer inherentes al proceso mismo de fijación de fianza. Por eso es que la propia regla permite que una cuantía alta o baja, pueda ser objeto de revisión por cualquier parte ante una instancia superior. Además, ningún juez o jueza es infalible. 

Lo que debe quedar meridianamente claro es que la fianza no puede constituir un “castigo adelantado”. Esto aplica aun en situaciones donde los hechos imputados ocurren frente un policía o aun cuando estén recogidos en algún vídeo o hayan ocurridos de forma pública frente a miles de personas. Aun en estos casos, siempre corresponde al Estado probar su caso. 

Sí, puede ser extraño, pero es lo único que garantiza no ser privado de la libertad sin el debido proceso de ley. Pero, es un magnífico precio a pagar para reclamar su disponibilidad cuando nos toque a la puerta una injusticia.

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