Hiram Sánchez Martínez

Punto de vista

Por Hiram Sánchez Martínez
💬 0

El derecho a la transparencia

Un día, siendo juez en Carolina, y por orden del Tribunal Supremo de Puerto Rico, tuve que ver una vista preliminar “a puertas cerradas”. Afortunadamente, poco tiempo después, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en otro caso que instó un diario local, revocó a nuestro Tribunal Supremo y resolvió que los ciudadanos tienen un derecho constitucional a presenciar los procesos judiciales. Consideró que se trataba de algo esencial a la supervisión de sus funcionarios —jueces, fiscales, procuradores, alguaciles, etc.— con miras a minimizar los riesgos del abuso del poder que se confiere a los componentes del sistema de administración de la justicia, y asegurar que los derechos de los acusados, y las demás partes en los procesos judiciales, sean debidamente respetados. A partir de entonces, las vistas preliminares en la isla han sido públicas.

He recordado nuevamente este asunto porque ha vuelto a publicarse una noticia relacionada con un pleito contra el frustrado ex secretario interino de Educación, Eleuterio Álamo, y el gobierno de Puerto Rico, que terminó con una sentencia adversa que tendremos que pagar los contribuyentes, pero de la cual no sabemos nada porque se dictó mediante un acuerdo secreto o de confidencialidad. No es la primera vez que esto ocurre y sospecho que no será la última.

Si bien es cierto que los acuerdos de confidencialidad son convenientes para la generalidad de los pleitos —porque facilitan que los casos terminen anticipadamente por transacción, sin necesidad de que se celebre un juicio o de que se extienda demasiado el proceso judicial—, también es cierto que se trata de una medida diseñada originalmente para los pleitos entre personas o litigantes privados. Cuando los tribunales aprueban este tipo de “arreglo” es porque piensan que las partes no tienen ninguna obligación legal de rendirle cuentas a nadie sobre ningún aspecto del litigio ni del dinero desembolsado ni de las medidas remediadoras acordadas. A veces, a las partes les resulta conveniente que nadie sepa si el demandado incurrió en la conducta culposa que se le imputó en la demanda o si el demandado contribuyó de algún modo a su propio daño o la situación en la que se encuentra.

Pero de allí a transferir este mismo modelo de “justicia secreta” o de “puertas cerradas” a los pleitos que involucran a funcionarios o, sobre todo, el desembolso de fondos del erario, es otra cosa, pues se nos priva de una forma valiosa de fiscalización de la gestión gubernamental.

Hace décadas que nuestro Tribunal Supremo resolvió que, distinto de Estados Unidos, el derecho constitucional a la libertad de expresión en nuestro país incluye el “derecho a saber” o “derecho de acceso” a la información del gobierno. Las excepciones son pocas y extraordinarias. No me cabe duda de que en la medida en que estos acuerdos de confidencialidad obstruyen o limitan el acceso del pueblo a información sobre los “arreglos” a los que llega el gobierno en los tribunalescon nuestro dinero, son de dudosa constitucionalidad y, sobre todo, injustificados. No hay por qué juzgar en secreto, a puertas cerradas, los pleitos en los que el gobierno es parte y habrá de pagar la sentencia con nuestro dinero.

Cuando el Estado administra justicia o acude a los tribunales como parte —ya sea demandante, demandada o acusadora—, el público tiene derecho a conocer lo que hacen sus jueces, sus abogados, los fiscales del Departamento de Justicia y los representantes legales de los intereses opuestos al interés público. Se trata de un mecanismo sencillo para promover la rendición de cuentas en el ejercicio de la función gubernamental y, de paso, evitar la arbitrariedad, la mala administración pública y la corrupción. Por eso, debería existir una ley que prohíba la secretividad de los términos de las sentencias en las que el gobierno sea parte y que reconozca expresamente el derecho de acceso de los ciudadanos a la totalidad de esos expedientes judiciales. Porque tenemos un derecho constitucional a la transparencia.

Otras columnas de Hiram Sánchez Martínez

lunes, 18 de noviembre de 2019

El legado de Loaíza Cordero

El licenciado Hiram Sánchez argumenta sobre la aportación de Loaíza Cordero y el riesgo del cierre de la institución para niños ciegos que creó

viernes, 8 de noviembre de 2019

El cuero duro de los jueces

En ausencia de un lenguaje que, por sí solo, constituyese delito, no debe penalizarse a quien delate funcionamientos irregulares o detrimentales al bien público, advierte Hiram Sánchez Martínez

viernes, 25 de octubre de 2019

Los méritos de una grabación

Quizás ha llegado la hora de que el Tribunal Supremo revisite este asunto para que decida si debe establecer una norma que sopese mejor los intereses involucrados en el ejercicio del derecho a la intimidad, escribe Hiram Sánchez Martínez

lunes, 21 de octubre de 2019

Adiós a las FURA

El licenciado Hiram Sánchez explica el origen y desarrollo de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción para combatir el narcotráfico en la isla

💬Ver 0 comentarios