Víctor Rivera Hernández

Tribuna Invitada

Por Víctor Rivera Hernández
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El desmantelamiento del gobierno de Puerto Rico

El escenario de poder compartido entre la Junta de Supervisión Fiscal y la estructura oficial de gobierno ha agravado nuestro creciente problema de gobernanza pública. El objetivo de la Junta es contable y de cuadre de caja. El objetivo del gobierno es dar dirección y ofrecer servicios. En la práctica, ambos objetivos chocan causando tal tensión que, de no habilitarse a la brevedad rutas efectivas de diálogo y entendimiento, el resultado neto podría hacer del mes de septiembre uno de recordación funesta para el país.

En pocos días, la Junta implantará la reducción de la jornada laboral. La consecuencia legal de esa decisión, será adjudicada por los tribunales. Me preocupa más la consecuencia en la administración pública y en el funcionamiento del día a día gubernamental, que la consecuencia legal. La decisión de la Junta se toma a pesar del reclamo del gobierno y otros sectores del país, de que no es necesaria. Sobre la mesa está la facultad de la Junta para tomar esa y otras decisiones. Sobre la mesa está tambien que la acción de la Junta es parte de un despliegue extremo de fuerza, de un entendimiento escaso de su poder, de una insensata obstinación y de un desconocimiento craso sobre las funciones del gobierno.

Conceptualemente, el gobierno está para ofrecer dirección y servicio. Su finalidad consiste en que su gestión pública garantice eminentemente servicios. El gobierno goza de la facultad constitucional para dirigir los asuntos del Estado porque en las democracias los individuos en el ejercicio de su poder individual le entregan —de tiempo en tiempo— su poder al Estado para que los gobierne y garantice un orden social. En función de ello, la decisión de la Junta afecta dramáticamente la función del gobierno y abre una grieta peligrosa sobre el desmantelamiento del aparato público.

Las aprobaciones de la Ley 7 en el 2009, de la Ley 66 en el 2014, de la Ley Promesa en 2016 y de las Leyes 8 y 26 en el año 2017 han alterado el orden y la estructura del Gobierno de Puerto Rico. Algunas de estas leyes han desatado un desmantelamiento progresivo en la estructura de gobierno que se ha manifestado en un grave disloque estructural, una reducción considerable de la nómina pública y en una grave confusión sobre los servicios y funciones esenciales del gobierno. Adicional a ello, el retiro indiscriminado de miles de empleados públicos en todos los niveles, junto a la ausencia de planes de sucesión coherentes y funcionales, ha causado a su vez la salida de empleados claves en áreas medulares de nuestro gobierno. Una reducción de la jornada laboral, bajo un escenario de improvisación, desespero y desconocimiento, tomando en cuenta solo un cuadre proyectado de caja, sería la estocada final a un gobierno cuyo problema principal ha sido por décadas su ineficienca operacional, irrespectivamente de su tamaño y de la jornada de trabajo de sus empleados.

El problema del Gobierno de Puerto Rico es uno de eficiencia en sus procesos, operación y funcionalidad. El desmantelamiento progresivo del gobierno es detrimental para cualquier aspiración de incentivar el desarrollo económico y restructurar las finanzas públicas. Al final, en los sistemas democráticos, el gobierno sigue siendo la institución con “la misión de dar forma y contenido a la gobernanza y, con ello, a un modelo de gestión, gerencia, liderato, supervisión y desempeño desde la esfera pública para satisfacer las necesidades y las expectativas de sus constituyentes”. Cualquier otra acción y respuesta foránea agravará el desmantelamiento progresivo de un gobierno en precario y con serios problemas de subsistencia. Desde la seriedad que cobija una reflexión académica, me permito expresar que la obstinación siempre causa efectos terribles.

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martes, 29 de agosto de 2017

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