Mario Soriano Ressy

Punto de Vista

Por Mario Soriano Ressy
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El despojo de nuestras playas norteñas

El grave problema que hoy sufren los ciudadanos de Loíza y varias otras comunidades que ubican próximo a las costas no solo se debe atribuir, como se ha pretendido, al alegado ascenso en los niveles de los océanos causado por los cambios climáticos. El problema de erosión costanera y el desvanecimiento de nuestras playas norteñas se debe a varios factores que incluyen desde la mala ubicación de grandes represas hasta las malas decisiones y manejos que fueron oficialmente observados durante las últimas décadas, por todas las administraciones, las cuales asumieron las riendas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

La difícil situación creada por la erosión de nuestras costas, la cual se refleja en el menoscabo de nuestras playas y hasta la desaparición de algunas, se debe principalmente a las extracciones clandestinas e indebidas y al súbito corte del abundante material arenoso que periódicamente solía nutrir estas costas y playas. Brevemente expuesto: los sedimentos arenosos que fluían hacia nuestras playas ya no se encuentran disponibles, debido al diseño y a la mala ubicación de grandes represas que fueron construidas en los tramos finales de los principales ríos troncales. Dichas obras se convirtieron en enormes trampas que interceptaron y cortaron así el flujo y las descargas de los sedimentos arenosos hacia los valles y costas del litoral norteño de Puerto Rico.

A esa adversa situación, creada por la planificación ingenieril indebida, se suman las extracciones licenciosas que por décadas fueron autorizadas y que fueron objeto de preventa por algunos funcionarios que ocuparon altos cargos en el entonces creado Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. A ello se suman también las acciones de algunos legisladores que se rindieron a la delincuente práctica del cabildeo que apuntaba a la explotación de esos recursos. Dichas extracciones no fueron controladas ni tampoco supervisadas, por lo que el caos y la destrucción en nuestros sistemas fluviales y playeros aún perduran y se agravan con el paso de los años.

Está en orden mencionar que, a mediados de la década del 1960, el geólogo Pedro Gelabert, quien entonces estaba a cargo de la División de Geología del Departamento de Obras Públicas, y el que suscribe, adelantamos la prohibición de extracciones de arena en treinta playas de la costa norte de Puerto Rico. Para entonces, dicha división contaba con cuatro geólogos e ingenieros geólogos. Estos profesionales no solo atendían de manera diligente las necesidades de la entonces División de Carreteras, sino que también extendían sus servicios y recomendaciones a las diferentes agencias gubernamentales que lo requerían.

A partir de la década de 1970 se crean el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Calidad Ambiental, agencias administrativas de carácter técnico-ambiental organizadas para dar inicio a una mejor mayordomía y protección de los recursos naturales. Era también mandato legal-administrativo de dichas agencias iniciar o continuar investigaciones científicas relacionadas al descubrimiento, inventario y aprovechamiento de los recursos naturales.

Lamentablemente, ya para fines de la década del 1980, el DRN había reducido, en forma sustancial, las investigaciones científicas tanto de campo como de laboratorio, limitándose principalmente a la tarea administrativa de extender y renovar, entre otras cosas, permisos para la extracción de agregados finos de las playas y valles fluviales, así como en las dunas norteñas. En muchos de estos casos mediaron las recomendaciones e intervenciones de políticos de turno y las bochornosas prebendas de permisos que facilitaron el acceso a los depósitos de arena y grava que, anterior a la década de 1970, habían sido celosamente protegidos a instancias de los geólogos del antiguo DTOP.

El mal manejo y las prebendas de permisos para la extracción de arena no solo culminaron con la acusación y enjuiciamiento de los funcionarios responsables que laboraban en dichas agencias sino que posteriormente políticos y legisladores de turno también fueron señalados. Los destrozos y daños creados a nuestros sistemas fluviales y costas por estas irresponsables acciones fueron sencillamente alarmantes.

Factores y condiciones de la geomorfología y de geología marina presentes en nuestras costas fueron ignorados por las mismas agencias que fueron creadas para velar y proteger los recursos naturales del país. Al analizar el cuadro tan desolador creado por las extracciones de arena y grava, vemos que no se tomó en consideración el hecho de que frente a nuestras costas predomina una plataforma marina muy estrecha con una caída súbita de más de 35 pies de profundidad. Una vez las partículas de arena caen a esos niveles profundos, se le imposibilita a las corrientes marinas y al oleaje traerlas de nuevo a la playa. Es por eso que debe prevalecer un constante abastecimiento de ese material facilitado por las descargas de los ríos principales. Las intervenciones indebidas, promovidas por las agencias gubernamentales, constituyen el principal agente detonador de la erosión costanera y de la destitución de zonas playeras.

Está en orden recalcar que la adversa ubicación de varias represas en los ríos principales ha contribuido a la destitución y reducción de las playas y costas. Los ríos principales que descargan en el Atlántico son los que más aportaban material arenoso de geometría, mineralogía y peso; factores esenciales para este litoral norteño en particular. Estos ríos principales, como el río Loíza, el río La Plata y el Río Grande de Arecibo, drenan vastos afloramientos de granodiorita intemperizada y son responsables de suplir a través del proceso natural de erosión y distribución, la mejor calidad y cantidad de arena que abundaba entonces en el litoral norteño de la isla.

Al cortar el flujo de estos abastecimientos, el desenlace erosivo no tardó mucho en reflejarse enlos sectores de las costas más inmediatas a la desembocadura de los mencionados ríos troncales. Por lo tanto, la erosión y pérdida de playas se evidencia desde Loíza Aldea hasta la entrada a la Bahía de San Juan; desde la desembocadura del río La Plata hasta la playa de Vega Baja. En torno a la desembocadura del Río Grande de Arecibo, la erosión es también muy marcada desde allí hacia el oeste.

Las extracciones de arena en las playas y la aniquilación paulatina de las dunas costaneras, en el empeño de asegurar una fuente fácil de agregado fino (ya procesado) para la industria de la construcción, constituye otra intervención de impacto catastrófico. Las extracciones clandestinas de arena de las dunas son una práctica que todavía prevalece.

En otras palabras, la poca arena o material litoral disponible no ha sido suficiente para resanar efectivamente los sistemas playeros afectados ni para amortiguar el proceso erosivo natural que siempre está presente. Por lo tanto, prevalece el desequilibrio entre el proceso de disposición y el de erosión. Esto ha ocurrido gracias a la falta de visión y sensibilidad administrativa de aquellos obligados a velar por nuestros recursos.

El problema creado por la erosión y la desaparición de playas se debe principalmente al corte súbito del abundante material detrítico y arenoso que solía nutrir nuestras costas periódicamente. ¡Ese material ya no se encuentra disponible, porque está detrás de las represas!

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