Carlos I. Gorrín Peralta

Punto de vista

Por Carlos I. Gorrín Peralta
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El desprecio hacia lo puertorriqueño

El más reciente desprecio hacia lo puertorriqueño ocurrió en el estado de Florida. A siete empleadas puertorriqueñas de una agencia del gobierno estatal, reclutadas para brindar servicios a hispanohablantes, les prohibieron que en el trabajo hablaran en español entre sí. A otra persona le han prohibido desplegar la bandera de Puerto Rico en su propia residencia; el reglamento del vecindario lo prohíbe, pero hay banderas de los Estados Unidos en muchas otras casas.

Lo primero podría plantear un problema de libertad de palabra, o de discrimen por origen nacional. Podrán recurrir a las cortes, pero no deben albergar mucha esperanza; en múltiples decisiones judiciales se ha resuelto que requerir que los empleados y empleadas hablen solo inglés en el trabajo no viola la constitución ni las leyes antidiscrimen.

Prohibir la bandera en la residencia también plantea problemas de libertad de expresión. Uno tiene el derecho de utilizar la bandera para transmitir ideas, y el gobierno no puede criminalizar siquiera la conducta expresiva de quemarla, destruirla o mutilarla irrespetuosamente. Quien requiere ahora que bajen la bandera es la asociación privada de residentes. Suena a los “restrictive covenants” que se pusieron de moda en los Estados Unidos cuando una comunidad racista acordaba que nadie vendería su propiedad a una persona negra. Ahora el racismo y el nativismo los lleva a ocultar que allí vive una familia de “spics” o “pororicans”, no “real Americans”. Quizá temen que baje el valor de sus propiedades si otra gente se entera.

Estos incidentes son lamentables de por sí. Pero son un síntoma de algo más profundo. Desde hace más de 120 años, los “real Americans” llegaron a Puerto Rico no para brindarnos las bendiciones de la libertad, como proclamó cínicamente el General Miles, sino para establecer un régimen colonial, con objetivos económicos y militares para adelantar sus intereses nacionales. No interesaban que fuéramos parte de los Estados Unidos, ni pensaban convertirnos en un estado. Hasta modificaron su derecho constitucional para crear la categoría de “territorios no incorporados” que pertenecerían a los Estados Unidos, pero no serían parte de dicho país. Su constitución no aplicaría necesariamente, y ejercerían poderes plenarios mediante leyes que aplicaran a Puerto Rico, o para excluirnos de otras, dependiendo de lo que les conviniera. Cuando les convino, disfrazaron el régimen territorial y lo llamaron “commonwealth”. Sus cómplices territorialistas lo tradujeron como “estado libre asociado”, pero la relación se mantuvo idénticamente colonial. Vistieron la mona de seda.

En años recientes, los que mandan en los Estados Unidos le han quitado a la colonia el velo de respetabilidad: según Casa Blanca seguimos siendo territorio no incorporado; laCorte Suprema ha reiterado la territorialidad, añadiéndole que carecemos de soberanía; el Congreso ha aprobado la leyPromesa e impuesto la Junta de Control Fiscal sobre el escaso gobierno propio. Después de María lo más icónico que recordamos del trato federal a Puerto Rico han sido los rollos de papel toalla.

Nos adquirieron como botín de guerra, nos han usado, maltratado, explotado, engañado e indoctrinado para pensar que no podemos vivir sin ellos. Siguen maltratándonos y negándonos nuestro derecho de libre determinación. Según la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, los gobiernos “derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; … cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios”.

¿Cuándo nos daremos cuenta, como pueblo, de que no nos quieren? Como dijo Ramón Emeterio Betances hace 121 años: “¿Qué les pasa a los puertorriqueños que no se rebelan?” ¡Ya está bueno!



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