Ismael Torres

Punto de vista

Por Ismael Torres
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El día menos pensado

La lamentable muerte a tiros de una mujer en Fajardo en circunstancias aún no esclarecidas ha generado en un sector de la opinión pública un rechazo al derecho a la fianza, como se dispone en la Constitución de Puerto Rico.

Ese derecho es evaluado por el juez que atiende el caso a base de unas guías establecidas y tomando en cuenta ciertos atenuantes sobre los cuales decide la fianza que le ha de imponer al imputado, tomando siempre en cuenta que no sea excesiva.

Está establecido que la fianza es un mecanismo que debe garantizar al tribunal la comparecencia del imputado al juicio y no un recurso para penalizarlo con cárcel antes de ser encontrado culpable.

Muchos abogados sostienen que tener libre bajo fianza a su representado les permite hacer una mejor investigación para su defensa, porque en el proceso puede ayudar a conseguir testigos y evidencia que puedan ayudarlo en su defensa.

Por el contrario, si la persona está sumariada en la cárcel porque no pudo pagar la fianza impuesta, suele ocurrir que al abogado de defensa se le hace más difícil el trabajo, porque sus visitas al penal por lo general no tienen la efectividad para lograr una buena defensa.

La cosa se complica para el imputado de delito cuando el caso por el que se le acusa genera interés en la opinión pública e intervienen otras personas que no están relacionadas con el pleito pero tienen el poder para influenciar, como es el caso de los legisladores y la propia gobernadora Wanda Vázquez.

En el ambiente legal hay una máxima que establece que un caso mediático se resuelve siempre de otra manera, dándole la vuelta a la ley para que el juez y los fiscales queden bien parados ante la opinión pública, no importa los derechos que se echen a la basura.

La muerte a tiros de una mujer joven en una marina en Fajardo, por penosa y viciosa que sea, no debe resultar en afectar derechos fundamentales como el de la fianza, con el fin de complacer a políticos y a oficiales que, a fin de cuentas, lo que buscan son votos para mantenerse en sus puestos.

No hay razón alguna para que un juez aumentara la fianza de $300 mil que le fue impuesta inicialmente a Jensen Medina Cardona y menos denegar luego la petición de sus abogados para que se redujera la misma una vez fue aumentada, ya que no había ninguna situación que lo ameritara.

Sabemos que los jueces no están inmunes a la influencia de presiones políticas para actuar y complacer a ciertos funcionarios que ven en las penas carcelarias altas la solución al problema de la criminalidad.

Sepan, amigos funcionarios, que las penas de cárcel altas no son disuasivos para parar el crimen y mucho menos lo es trastear el derecho a la fianza.

Pues, como muy buen nos dijo el historiador y sacerdote jesuita que tanto trabajó con los confinados, Fernando Picó: el día menos pensado usted puede ser el acusado.

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