Ana María Strubbe

Tribuna Invitada

Por Ana María Strubbe
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El dilema de la no procesabilidad

Desde la década del setenta, la Corte Suprema de los Estado Unidos resolvió que dejar encarcelada a una persona no procesable (quien no entiende el proceso criminal y no puede asistir en su defensa por razón de condición de salud mental o discapacidad) violenta lo más básico de la dignidad del ser humano y el cada vez más desfalcado debido proceso de ley.

Recientemente ha salido a relucir la cruda realidad de quienes cuarenta y seis años después de Jackson v. Indiana 4 U.S. 715, aun no son acreedores por parte del Estado de un trato digno y servicios necesarios. Los casos reseñados solo son dos granos de arena en este mar de seres perdidos en el limbo de la “no procesabilidad” y el marginado mundo de los pacientes de salud mental.

El padecer de una condición de salud mental, discapacidad intelectual o condiciones fisiológicas sobrevenidas por la edad, puede ser una sentencia condenatoria para cualquier ciudadano, pero cuando se trata de personas que su conducta o manifestación de enfermedad ha sido criminalizada, se convierte realmente en una condena a muerte.

Cuando inicie mi carrera como abogada criminalista entendía que era mi deber solicitar que el Tribunal se cerciorara que mi cliente entendía el proceso, lentamente y con experiencias desgarradoras comprendí que yo lo estaba condenando lejos de ayudarlo, con cada referido se cavaba una nueva fosa dentro del sistema y poco a poco, como un cuento de niños el caer en el olvido provocaría su desaparición. Si lo escondemos el problema no existe.

Los tribunales, el Departamento de Justica y tristemente los abogados le hemos fallados a estas almas que lejos de ser comprendidas son encerradas y doblemente castigadas. Las agencias llamadas a custodiar esa seguridad y bienestar de los pacientes, cierran puertas y se esconden detrás de las trilladas frases de falta de presupuesto. Todos los que ponemos un pie en corte, juramos velar y garantizar los derechos de los ciudadanos. ¿Acaso el más indefenso no es quien más necesita de nosotros? ¿La vida de quién no puede expresarse, comunicarse o comportarse como se espera vale menos?

La mirada de pacientes se torna pérdida mientras en los tribunales se pasan la papa caliente entre el Departamento de Corrección, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), los departamentos de Salud y de Familia. Cada reclamo para no asumir responsabilidad retumba en la piel pálida de quien se encuentra doblemente encerrado, tras las paredes de una cárcel y dentro de una mente que lejos de ser comprendida por nosotros es criminalizada y marginada.

Es triste pensar que solo la amenaza de sanciones económicas puede mover un poco el sistema en beneficio de los pacientes de salud mental y discapacidad. Cuando aprieta al bolsillo aparecen las opciones. La verdadera crisis no es la alta población con condiciones de salud mental, sino la incompetencia de los llamados a proveer servicios. Aparentemente la creatividad de las agencias nace del miedo a que le toquen el bolsillo y no de la mirada llena de angustia de quien con sus gritos descompensados esconden un reclamo de ayuda.

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