Miguel A. Pereira Castillo

Punto de vista

Por Miguel A. Pereira Castillo
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El “dime y direte” entre el PFEI y Justicia

Cualquier análisis de la oficina del Panel del Fiscal Independiente (PFEI) de Puerto Rico debe comenzar desde su origen norteamericano. En efecto, la oficina es un descendiente directo de las acciones del presidente Richard Nixon y su secretario de Justicia, Elliot Richardson. Nixon le ordenó a su secretario de Justicia que despidiera a Archibald Cox, la persona nombrada a dirigir la investigación de su conducta en cuanto a los eventos agrupados de forma memorable bajo el nombre de “Watergate”. Richardson rehusó y renunció a su cargo de secretario de Justicia de los Estados Unidos. Al renunciar le seguía su subsecretario, William Ruckelshaus coger las riendas. También se rehusó y renunció.  

Le tocó entonces al Inspector General del Departamento de Justicia, Robert Bork, quien cumple con la orden y posteriormente es premiado como juez del Tribunal Apelativo Federal. Luego, en 1978, es nombrado por el presidente Ronald Reagan al Tribunal Supremo, pero en este caso no fue confirmado por el Senado. 

Mientras tanto, Puerto Rico no estaba exento de sus propios eventos corruptos como la noche de elecciones y los sucesos de Valencia y el caso del Cerro Maravilla, entre otros. Esta cadena de eventos resultó directamente en que, en febrero del 1988, bajo la Ley 2 enmendada, se crea la oficina del PFEI para investigar conductas delictivas de funcionarios públicos y así preservar la integridad del gobierno del Estado Libre Asociado (ELA).

Es importante recordar que hace falta un referido del secretario de Justicia al PFEI, y una determinación por el fiscal asignado acerca de la existencia y fuerza probativa de la evidencia que se refiere. El referido es mandatorio en algunos de los casos, el gobernador siendo uno de ellos. Ricardo Rosselló, por ley, está obligado a ser referido al PFEI por el Departamento de Justicia.  

El PFEI entonces nombra a un fiscal de su panel para que dirija la investigación, paso también obligado. No debe el pueblo dejar de prestarle atención a este proceso porque sea obligatorio y se piense que pueda ser parcializado. El PFEI designado tiene 90 días para informar su decisión imparcial al pueblo. Toda la evidencia presentada tiene que terminar a la merced del pueblo.

Errores han sido señalados por el propio PFEI a Justicia en torno a su investigación. La secretaria de Justicia, a su vez, ha contestado a esos señalamientos dando sus explicaciones a esos errores, y diciendo que el PFEI no ha entendido lo suministrado. Lo importante aquí es que, si bien cada parte entiende que la otra ha cometido errores, las partes tienen que actuar hacia el esclarecimiento de esta investigación y redacción de un informe final que necesitamos tener para poder cerrar este círculo de tortura al país, y hacer que los que han faltado paguen. Mientras tanto, cállense la boca. 

¿Qué debemos de exigir los puertorriqueños de este “dime y direte” entre Justicia y el PFEI? 

1- Que armonicen sus relaciones en respeto al pueblo que logró sacar a Ricardo Rosselló, debido a un chat que desprende información privilegiada con acciones inapropiadas y ofensivas a tantos sectores poblacionales.

2- Que aclaren y resuelvan sus diferencias: los errores que señala el PFEI y las explicaciones que brinda la secretaria de Justicia.

3- Evitar declaraciones o inferencias que juzguen el mérito profesional de las oficinas envueltas. 

4- Comprometerse otra vez con sus juramentos profesionales.

5- Tanto el PFEI como la secretaria de Justicia deben de investigar a quienes les corresponde por estatuto de Ley: el PFEI investigar a los funcionarios públicos y el DOJ a los que no lo son. Se deben investigar todos los incumbentes del famoso chat de Telegram. 

6- Que trabajen para podernos dar un informe de cada persona en ese chat, estableciendo próximos pasos para cada individuo.

En el último análisis, dos cosas tienen que pasar. Primero, el pueblo no puede olvidarse de que estos informes nos pertenecen y tenemos derecho a ellos. Por ende, tenemos que seguir insistiendo que esto se haga. 

Segundo, la secretaria de Justicia, el PFEI, y todos aquellos afectados por su posición, deben reflejar en su forma más íntima cómo quieren ser recordados por nuestra historia. Como nuestro Richardson o nuestro Bork.

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