José J. Villamil

Punto de vista

Por José J. Villamil
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El economista y la política pública

Siempre he abogado porque las decisiones de política pública se tomen sobre bases empíricas, en inglés “evidence based decision-making”. En Puerto Rico eso no ocurre en muchas ocasiones y con temas importantes. He sostenido también que los economistas, cuando escriban columnas, divulguen posibles conflictos de interés. Así, por ejemplo, cuando he expresado alguna opinión sobre el cabotaje marítimo, siempre he dejado claro que la empresa con la cual estoy asociado, Estudios Técnicos, Inc., fue contratada por la Alianza Marítima. 

En relación a la función del economista, es bueno hacer referencia a lo que Paul Romer, Premio Nobel en Economía (2018), ha escrito sobre esta en determinaciones de política pública (Foreign Affairs, marzo/abril, 2020). En ese escrito Romer hace una distinción entre lo que son temas empíricos y temas normativos y sostiene la posición de que los economistas pueden contribuir a lo primero pero no, como economistas, a lo segundo: “In their attempt to answer normative questions that the science of economics could not address, economists opened the door to economic ideologues who lacked any commitment to scientific integrity”. 

Un tema de política pública en que hay opiniones encontradas es el del cabotaje marítimo. Es un tema que ha generado pasiones intensas. Recuerdo una vista en el Senado en que un ponente indicó que estaría en contra de la Ley de Cabotaje hasta el día que muriera y que luego, ¡su espíritu seguiría oponiéndose! La equivocación o falta de información en diversos aspectos relevantes ha creado mucha confusión en el debate; por ejemplo, en la identificación de los costos que son atribuibles a la ley y los que se tienen que incurrir aún si esta se derogara, o en la manera como se entiende el funcionamiento de la industria de carga marítima a nivel internacional.

La responsabilidad del economista no es determinar si el cabotaje es “bueno” o “malo”, ni tampoco es validar las opiniones de intereses particulares. El papel del economista debe ser muy distinto al del abogado. Esa responsabilidad conlleva, entre otros, analizar el impacto actual y el impacto de eliminarse, analizar la industria a nivel internacional y proveer posibles escenarios futuros con distintas alternativas, que pueden incluir la derogación total o buscar arreglos parciales. Un ejemplo de estos fue cuando en los años setenta se obtuvo una exención para los barcos cruceros. 

¿Qué hacer? En repetidas ocasiones he sugerido que se organicen sesiones de trabajo en que participen exponentes que han presentado informes con conclusiones encontradas - los autores de los diversos estudios, por ejemplo - para ponerse de acuerdo sobre la evidencia empírica que sostenga las determinaciones que, en última instancia, le corresponden al ámbito político. Economistas profesionales no deben tener dificultad alguna en ponerse de acuerdo sobre los aspectos empíricos y tratarlos independientemente de sus preferencias individuales. Una discusión de cualquier tema de política pública que se base sobre supuestos aceptados por las partes tiene mayores posibilidades de lograr un acuerdo.

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