Antonio Quiñones Calderón

Tribuna Invitada

Por Antonio Quiñones Calderón
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El ELA no tiene quien lo quiera

Pobrecito del ELA: ni en su casa lo quieren. Le acaba de poner etiqueta de non grato, entre otros, nada menos que don Rafael (Tatito) Hernández Montañez, el portavoz en la Cámara de Representantes del partido que lo engendró. No quieren su certificado de nacimiento ni en el reglamento del PPD siquiera. Imagino que mucho menos en la tribuna. Si hasta indigno le han dicho. 

Pero no es de ahora ese desquerer del “muñeco de paja”, como se describió el embeleco desde su parto mediante riesgosa cesárea en 1952. De hecho, arranca de antes de su llegada. En la sala de parto en el Congreso, a sus padres putativos –Muñoz Marín, Trías Monge (quien ya mayorcito rectificó con aquello de “la colonia más antigua del mundo”), etcétera– se les advirtió por, entre otros, el secretario de lo Interior federal Oscar Champan, que la Ley 600 (el sonograma que ellos querían que reflejara el estatus de la creatura) no alteraba en lo más mínimo las relaciones políticas, económicas y sociales existentes entre Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos desde las leyes Foraker y Jones de 1900 y 1917. 

Porque, ciertamente, el proceso constituyente de 1951-52 no tuvo nada que ver con un cambio de estatus político en Puerto Rico, sino que trató de la autorización, condescendiente, del Congreso de Estados Unidos de permitirnos redactar una constitución de gobierno propio –de qué color pintar las escuelas, cómo hacer las elecciones y nombrar los jueces del Supremo, cosas como esas– y dejar en pie las disposiciones políticas y económicas de 1900 y 1917, ahora con nuevo nombre: Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico.

Tan endeble nació la creatura que, apenas un año después, comenzaban sus padres putativos a emulsionarla: el proyecto cosmético, el Pronunciamiento de Aguas Buenas y el de Cidra, el pacto de Trujillo Alto, el Aspinall y el Fernós-Murray, el Nuevo Pacto, la Nueva Tesis, la enmienda Vizcarrondo, el cruce epistolar LMM-JFK, los “derechos democráticos”, las 20 “nuevas definiciones del ELA”, y pare usted de contar. Todos terminados en fracaso. 

Después llegó la descripción del ELA por el aún líder popular Sergio Peña Clos como un “bonsai” y la cautelosa afirmación de Rafael Hernández Colón sobre su “déficit de democracia”. No hubo nada de descolonizador en el proceso de 1951-52. Todo lo contrario: trató del colonialismo por consentimiento, que se dio hasta el plebiscito de 1993, cuando el supuesto ELA perdió el respaldo de la mayoría de los puertorriqueños (48.6% frente a 50.7% de oposición).

Descartado ya por el pueblo de Puerto Rico, por el Congreso, por la Casa Blanca y por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, recibe el llamado “estado libre asociado” el certificado de rechazo desde sus propias entrañas. No lo quieren ni en el reglamento del partido. Más de la mitad de su delegación en la Cámara de Representantes está pidiendo que lo tachen del documento y que el PPD se dedique a “la búsqueda de una forma política digna” – lo que implica, ¿o no?, la ausencia de tal atributo en el ELA que no quieren ver ni en pintura.

Como pregunta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro: “y ahora, ¿qué?”.

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