Eudaldo Báez Galib

Tribuna invitada

Por Eudaldo Báez Galib
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El ELA y su PROMESA

El autonomismo puertorriqueño ha entendido que cuando se constituyó el ELA hubo un convenio (“compact”) entre Puerto Rico y Estados Unidos que no podía ser enmendado unilateralmente. Sin embargo, la Ley PROMESA crea una Junta con autoridad para “anular cualquier ley o política nueva adoptadas por Puerto Rico que no sean conforme a los requerimientos (de PROMESA)”. Se trastoca, obviamente, la autoridad legislativa y ejecutiva consignada en la Constitución del ELA y en la Ley de Relaciones Federales.

Los tribunales han interpretado que el convenio lo compone nuestra Constitución, la Ley de Relaciones Federales, la Constitución federal y los derechos que otorga la ciudadanía estadounidense. Entonces, al autonomismo estadolibrista le ha bendecido una tormenta perfecta que puede aprovechar solicitando judicialmente la anulación de las disposiciones que limitan los poderes constitucionales en PROMESA.

Esa es una pieza congresional bipartita, premeditada y precisa, con apoyo del Presidente, que deroga parte de nuestra Constitución y de la Ley de Relaciones Federales. Nos retrotrae a principios del siglo pasado cuando las leyes aprobadas por nuestra legislatura podían ser anuladas por el Congreso y la Isla era administrada por un gobernador angloparlante importado. PROMESA reajustó para ahora, aquello, delegando a una Junta el poder de anular, vistiendo a los jueces federales de vigilantes, permitiendo que el gobernador siga siendo puertorriqueño, con limitaciones, y sin que haya, como hubo, una estrategia de “americanización”.

¿Es el convenio un espejismo? ¿Por qué, entonces, el autonomismo ha sostenido la existencia del convenio? Realicemos un brevísimo muestreo. De salida, la ley que autorizaba la creación del ELA se presentó en “la naturaleza de un convenio”, mientras que la ley, aprobándolo, se votó “como un convenio”—no ya “en la naturaleza de”. Durante el debate congresional se cuestionó si se estaba “creando una delegación de autoridad” bajo la Cláusula Territorial. Contestación: “Ese es un convenio”, y para los congresistas el significado de “convenio” no les era ajeno. Habían aprobado muchos, y los controvertidos terminaban en los tribunales produciendo opiniones claras (recientemente entre Kansas, Colorado y Nevada).

Luego, al anunciarse ante la ONU la nueva relación política, Estados Unidos certificó que la relación anterior era por ley del Congreso, quienes podían enmendarla, pero ahora por “un convenio de naturaleza bilateral cuyos términos pueden ser variados solo mediante consentimiento mutuo”. En 1974 el Tribunal Supremo federal opinó que, “Para 1950, sin embargo, presiones para más autonomía llevaron al Congreso a aprobar la [Ley 600] que le ofrecía al pueblo de Puerto Rico un convenio mediante el cual podían establecer un gobierno bajo su propia constitución. Puerto Rico aceptó el convenio.” El reciente caso deSánchez Valle no atiende ese asunto, aun cuando el abogado de Estados Unidos lo puso sonoramente sobre la mesa. Y hace años que el Juez federal Magruder sentenció que al Congreso legislar no pudo haber aprobado un “engaño tan monumental” con el ELA.

Ahora el estadolibrismo puede aprovechar judicialmente su tormentosa PROMESA y verificar, definitivamente, si el Convenio es o no un espejismo… y si Magruder malinterpretó el ELA.

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