Joanne M. Rodríguez Veve

Tribuna Invitada

Por Joanne M. Rodríguez Veve
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El embargo y la libertad de culto

Indistintamente de los argumentos a favor y en contra sobre la validez legal del embargo emitido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico contra los bienes de la Iglesia Católica en la isla, la manera en la que se ha ordenado su ejecución levanta cuestionamientos constitucionales serios.

Como se ha reseñado en diversos medios y confirmado por los abogados de ambas partes en el litigio, la ejecución del embargo comenzó con la toma de las cuentas bancarias, no sólo de la Arquidiócesis como estructura operacional de la iglesia, sino de parroquias, que forman parte de ella. Al así hacerlo, han dejado, literalmente, a parroquias desprovistas de dinero alguno para poder pagar los servicios básicos y necesarios que le permitan su operación y ofrecer los servicios religiosos. Sin agua, sin luz y sin dinero para el sustento de un párroco, no es posible mantener una iglesia abierta.

Así las cosas, es altamente cuestionable por qué se ordenó, como primera opción, la toma de las cuentas bancarias de las cuales depende la operación de las iglesias. ¿Por qué no se comenzó por la toma de propiedades en desuso, como edificios y terrenos?

Al confiscar el dinero de las iglesias, las están obligando a cerrar o a reducir dramáticamente su actividad religiosa, lo que a su vez limita sustancialmente el ejercicio del derecho a la libertad de culto de los fieles. Sencillamente, sin iglesias abiertas y operantes, no se puede ejercer dicho derecho fundamental.

Debe conocer el tribunal que la actividad parroquial no se limita al ofrecimiento de misas, sino que en las iglesias se llevan a cabo un sinnúmero de actividades religiosas como: catequesis, retiros, consejería pastoral, cursos de preparación prematrimonial, bautismos, reuniones de oración y actividades de confraternización, entre otras. Toda esta actividad parroquial es parte del ejercicio a la libertad de culto. Por lo tanto, si al quitarle los bienes a una parroquia se estrangula su operación, hacerlo equivale a coartar la libertad de culto de los fieles que integran dicha comunidad.

Y si se piensa que el asunto se resuelve con que el fiel vaya a otra parroquia, sépase que, parte del ejercicio de este derecho fundamental incluye la libertad del fiel para escoger y formar una comunidad parroquial determinada. Después de todo, eso es lo que pide la Iglesia, que se formen auténticas comunidades parroquiales.

Lo resume el refrán popular: “Hay maneras y hay maneras”.

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jueves, 30 de agosto de 2018

El embargo y la libertad de culto

La licenciada Joanne M. Rodríguez Veve argumenta sobre el embargo emitido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico contra los bienes de la Iglesia Católica en la isla

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