Rafael Cox Alomar

Tribuna Invitada

Por Rafael Cox Alomar
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El enredo popular

En días recientes repasaba las cartas que el liderato popular le ha cursado recientemente a Jeff Sessions —sastre jurídico de Donald Trump a cargo ahora del poderoso Departamento de Justicia federal.

A primera vista no debe de sorprender que el liderato popular intente tender puentes de comunicación con Justicia federal, particularmente cuando el gobierno local ya legisló para la celebración de un plebiscito este próximo 11 de junio y pretende pasarle gato por liebre a Sessions para que las fuerzas estadistas puedan beneficiarse a manos llenas de los $2.5 millones que el Congreso asignó en 2014 para la celebración de una consulta cuyas definiciones sean compatibles con la Constitución, las leyes y la política pública de los Estados Unidos, según certifique Justicia federal.

Lo que sí hay que coger con pinzas de las cartas del liderato popular es su uso casual de nomenclatura político-jurídica claramente en desuso; que en Washington nadie —mucho menos Sessions— entiende. “Enhanced Commonwealth,” “Sovereign Commonwealth,” “Sovereign Free Associated State” son términos francamente incomprensibles en los pasillos de poder en Washington —incluidos aquí los “think tanks”, las facultades de derecho y política pública e incluso la prensa especializada en temas jurídicos y geopolíticos.

Ahí la tragedia histórica del autonomismo puertorriqueño. Desde que Muñoz Rivera, cual Sísifo, se echó sobre sus espaldas la titánica tarea de retomar la bandera de la Asamblea de Ponce y rescatar los poderes que nos fueron arrebatados al venirse abajo la Carta Autonómica y consumarse la invasión de 1898, la constante ha sido la confusión o el “mumbo jumbo” lingüístico.

De más está decir que nunca ha habido una convergencia de pensamiento (“meeting of the minds”) entre el autonomismo y los poderes políticos en Washington. Arrancamos en los 1900 con el término “home rule” que usaba Muñoz Rivera —concepto británico que el primer ministro William Gladstone había adoptado antes para atender con flexibilidad la crisis colonial irlandesa pero que era ininteligible para los burócratas del Departamento de la Guerra con jurisdicción sobre Puerto Rico (véase conferencia de Muñoz Rivera en Lake Mohonk de 20 de octubre de 1911). A principios de los años 20 irrumpió en escena el término “Associated Free State of Porto Rico”, de la autoría intelectual de Miguel Guerra Mondragón, cercano colaborador de Muñoz Rivera, pero pronto naufragó de la mano del Proyecto Campbell de 1922.

A mediados de los 40, el autonomismo volvía a la carga a través del Proyecto Fernós-Murray tomando prestado el término “dominio” —proveniente del mundo constitucional británico— para describir el rumbo que debería tomar una nueva relación autonómica entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Ambos perecieron porque nadie en Washington entendía esos términos exóticos. Más adelante, durante el proceso de 1950-1952, la Convención Constituyente utilizó el término “Commonwealth” para referirse a “Estado Libre Asociado.” (Diario de Sesiones, Tomo 2, 1122-1125.)

En el mundo americano el concepto “Commonwealth” es uno anodino, vago y superficial que no dice nada porque no es un apelativo distintivo de ningún status político en particular y que no se corresponde para nada con el término “Estado Libre Asociado” que evoca (al menos teóricamente) valores de descolonización y libertad. Ya en el mundo post-1952, el “mumbo jumbo” lingüístico llegó a niveles de estridencia: que si el “Compact of Permanent Union,” que si el “Enhanced Commonwealth,” que si el “New Commonwealth”, que si el “Compact of the Future” y así por el estilo. Y en Washington nunca nadie alcanzó entender, a ciencia cierta, lo que significaba ninguno de estos estribillos.

En el mundo post-PROMESA y post-Sánchez Valle, las cosas están como para hablar claro. El “Enhanced Commonwealth” al cual se aferra la derecha popular es un imposible. Por esa ruta lo único posible es mantener al País sujeto a los poderes plenarios del Congreso y su Junta. Y el “Sovereign Commonwealth” no existe en Washington.

Lo que sí entienden Trump, Sessions y Ryan es que Puerto Rico o se queda como territorio no incorporado o se mueve hacia la libre asociación o a la independencia. ¿Y la estadidad? Ni hablar.

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