Enrique Vázquez Quintana

Punto de Vista

Por Enrique Vázquez Quintana
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El estado de excepción del presidente Trump

Las democracias, contrario a los gobiernos dictatoriales, se fundaron basadas en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.  Las democracias se enorgullecen de utilizar tal separación de poderes supuestamente para proteger los derechos de los ciudadanos e impedir que surja una dictadura ejecutiva en el país. 

Desde el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, Artículo IX, el Congreso norteamericano tiene poderes plenarios sobre el territorio de Puerto Rico. El concepto de estado de excepción fue desarrollado por el alemán y colaborador de Hitler, Carl Schmitt y se define como una condición especial en la que el orden jurídico es suspendido debido a una crisis o emergencia.  El primer caso insular Downes v Bidwell del 1901 estableció que Puerto Rico es un territorio no-incorporado.  Y que “Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos”. En ese caso los tres poderes se fusionaron en lo que se conoce como un estado de excepción. La Corte Suprema Federal (poder judicial), el Congreso (poder legislativo) y el presidente (poder ejecutivo) se unieron para convertir a Estados Unidos en un imperio con colonias, las que fueron adquiridas como resultado de la Guerra Hispanoamericana. Los casos insulares subsiguientes hasta el número 23 del 1922 violan la Constitución de Estados Unidos. 

En el 1820 el Juez John Marshall en el caso Loughborough v Blake decidió que la Constitución norteamericana se aplicaba a todo Estados Unidos, incluyendo al Distrito de Columbia y los territorios.  En el 1856, el Juez Roger R. Taney en el caso Scott v Sanford dictaminó que el gobierno norteamericano no tiene poder para adquirir territorios y mantenerlos permanentemente como colonias. Los casos insulares violan esas dos decisiones judiciales y colocan la Constitución norteamericana al servicio del colonialismo.  Estados Unidos le dio la independencia a Cuba en el 1900 y a las Filipinas en el 1946. Sin embargo, ha retenido a Puerto Rico y a Guam como colonias. Todavía Puerto Rico está regido por el estado de excepción, los tres poderes unidos para gobernar el territorio no-incorporado, eufemismo para colonia.

Durante el juicio de residenciamiento, que ha sido catalogado como una farsa, una burla a la democracia norteamericana se aplicó el concepto de estado de excepción. El Congreso declinó proteger su poder como el poder legislativo de la constitución y entregó por voto partidista ese poder al presidente Donald J. Trump. Similarmente, el poder judicial, representado nada menos que por su presidente, el honorable juez John Roberts, abdicó su poder judicial al presidente Trump. La actuación de Roberts fue pasiva, protocolar. De hecho, cualquier otra persona de un nivel inferior pudo haber realizado esa labor clerical. Su actuación se limitó a leer las preguntas dirigidas a los gerentes o a los abogados de la defensa. Su liderato ha sido cuestionado alno ordenar, sí ordenar, que se citaran testigos o los documentos pertinentes al caso. Es inconcebible que un juez permita que ese gran jurado de 100 senadores decidiera un caso tan importante sin testigos; eso es inaceptable. 

Como presidente y máximo representante del Tribunal Supremo, el juez Roberts entregó el poder decisional de ese cuerpo al presidente Trump. Esa transferencia del poder legislativo y judicial al presidente Trump equivale a otorgarle el poder de un estado de excepción. Por tanto, el presidente Trump tiene poderes para actuar como si estuviéramos en guerra o en un estado de sitio. Esa acción destruye el concepto de los tres poderes de una democracia, supuestamente la más grande del mundo. Eso ofende la dignidad de Montesquieu.  

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