Nieve de los Ángeles Vázquez

Punto de vista

Por Nieve de los Ángeles Vázquez
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El Estado inquisidor

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto, ordenando la vacunación obligatoria a todo menor de edad, so pena de no ser admitido en ninguna “escuela, centro de cuidado o de administración de exámenes relacionados a estudios en el hogar”.

La ortodoxia política del país, liderada por Lydia Méndez y seguida mansamente por sus iguales de la Cámara, cree que existe una sola manera legítima de vivir y que, fuera de ella, no cabe más que persecución y segregación. Hacen trizas las bases mismas de la democracia. Adiós a la reflexión, al diálogo, a las posiciones plurales, disidentes, minoritarias.

El Estado inquisidor no quiere que sus ciudadanos practiquen el ejercicio soberano y autónomo de la razón. Impone su miope manera de ver el mundo y nos obliga a cumplir sus mandatos. No habrá un rincón, ni privado ni público, al que podamos escapar sin que nos alcance este proyecto. Lo arropa todo: escuelas, centros de cuido y nuestras propias casas.

Nuestro Código Civil ha moldeado la figura de la patria potestad como el conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos. De golpe y porrazo, el Estado nos quita esos derechos y decide cuándo, cómo y cuántas veces nuestros hijos serán inoculados con virus y bacterias, directamente a su torrente sanguíneo. Todo ello a pesar de que la propia Asociación Americana de Pediatría ha reconocido que las vacunas ni son un 100% efectivas, ni están libres de riesgos y efectos secundarios.

Este proyecto no permite a los padres realizar procesos reflexivos sobre las vacunas de sus hijos. Condena, por ejemplo, que una madre saludable decida dilatar la vacuna de hepatitis B o tétano de su recién nacido. Esa madre, tendría, como única salida, que argüir motivos religiosos para evitar la condena inquisitorial. Se respeta la libertad de culto, pero se deja fuera, una vez más, la conciencia individual y el derecho a modelar nuestra propia vida sin injerencias arbitrarias.

Obligamos a los menores de edad a recibir inyecciones y eso no constituye una intromisión ilegal en su intimidad. Pero eso sí, respetamos a los conductores borrachos que se niegan a someterse a exámenes de alcohol, porque, de lo contrario, violaríamos sus derechos a la vida privada y a la honra.

El Estado democrático no tiene jurisdicción sobre los dictados de conciencia y decisiones individuales de un ciudadano. El proyecto 2502 no puede convertirse en ley. Esto no se trata de estar a favor o en contra de las vacunas. No es hora de monólogos centrados en el “yo”. Poco importa lo que cada cual crea que es mejor o peor. Están en juego derechos democráticos fundamentales y es la hora de defenderlos. Se nos va la vida en ello.

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