Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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El eterno dilema de los municipios

O se peinan o se hacen rolos. Esa, en lenguaje refranero, es la disyuntiva que tienen los municipios en el escenario de quiebra fiscal en el que se encuentra el gobierno central.

No se puede reclamar autonomía para manejar el fisco municipal— o sea, para gastar a gusto y gana— cuando, al mismo tiempo, se pretende llenar las arcas con dinero proveniente del estado y sin contribuir a financiar las obligaciones del gobierno central.

Este diario publicó ayer, sábado, que 35 municipios se encuentran en condición económica precaria que los coloca al borde de la bancarrota. Eso representa el 45% del total de 78 municipios.

Que quiebren parece depender de la derogación de la llamada Ley 29, que los relevó de aportar a la reforma de salud y al pote de las pensiones de sus empleados jubilados debido a la insolvencia de Retiro. Con solo no tener que aportar a la reforma se ahorran poco más de $200 millones anuales.

En su defensa, los municipios sostienen que el gobierno central les confiscó los fondos que tenían en el quebrado Banco Gubernamental de Fomento y que utiliza $500 millones municipales para completar aproximadamente $9,000 millones de su presupuesto anual de gastos.

Además, se quejan de que el gobierno centraliza los servicios y que muchos municipios, sobre todo pequeños y alejados del área metropolitana de San Juan, son discriminados a la hora de atender a sus ciudadanos.

De lo que no hablan es del uso, o mal uso, que algunos le dan a los fondos que recauda el municipio o que pueda recibir del gobierno central. Los ejemplos son muchos y las consecuencias, pocas.

Tal vez ha llegado el momento de repensar la estructura municipal y, con toda probabilidad, de consolidar municipios para ajustar el gobierno a un tamaño más afín a su realidad fiscal actual, que los expertos estiman tardará años en recuperarse. Una reducción que, de rebote, podría ayudar a disminuir el excesivo número de escaños en la Legislatura.

Pero eso no va a pasar. En la misma edición sabatina de este diario en la que se le advierte al país sobre la precariedad fiscal de los municipios, aparecen publicadas columnas de los tres aspirantes a la nominación del Partido Popular Democrático a la gobernación que ni siquiera se plantean la posibilidad de una reducción numérica municipal como alternativa a la descentralización. Incluso llegan a defender la autonomía.

Lo cierto es que no son solo los populares Carmen Yulín Cruz, Eduardo Bhatia y Carlos Delgado Altieri los que coinciden en su defensa de los municipios. A los candidatos penepé Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez tampoco se les ocurriría proponer la consolidación como solución viable.

Los políticos en general temen a los alcaldes, que son los que controlan las maquinarias en los pueblos, los que mueven los votos y los que, en consecuencia, ponen y quitan a gobernadores y legisladores.

Por eso se aprobó la Ley 29 y por eso su posible derogación, propuesta por la Junta de Supervisión Fiscal a la jueza federal Laura Taylor Swain por razones no necesariamente correctas, los une para oponerse, también por razones no necesariamente correctas.

Urge una discusión seria y sosegada de este tema. Pero no será posible en año electoral, cuando a los políticos se les agudiza la ceguera que les impide percibir la realidad de un país en crisis que tiembla, literalmente, todos los días.


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