Eudaldo Báez Galib

Punto de vista

Por Eudaldo Báez Galib
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El fanatismo no tiene vacuna

El Senado aprobó hace días una resolución, relacionada con los asuntos pandémicos, dirigida al gobierno de Estados Unidos. Plantea, esencialmente, que Puerto Rico no acepta programa federal de desarrollo económico alguno a menos que seamos admitidos como estado. No me lo invento. Lean la Resolución Concurrente del Senado 99.

     Ese razonamiento nace de los problemas habidos con los abastecimientos de fármacos que se producen en China. Pues voces con poder político en Washington han sugerido que como Puerto Rico posee vasta experiencia en ese renglón de la manufactura, y está dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, debiera trasladarse la producción a la Isla.

     Recordemos que la industria farmacéutica estuvo íntimamente ligada con las llamadas “936”—programa de trato contributivo preferencial que les permitía retener sus ganancias en Puerto Rico sin pagar contribuciones federales excepto cuando ocurrían unos eventos específicos—. Aquí nos beneficiábamos porque ese dinero retenido podía utilizarse en proyectos locales a financiamiento más cómodo.

     El liderato del Partido Nuevo Progresista entendió que ese proyecto bajo las leyes contributivas federales impedía la estadidad. Tan así, que generaron una campaña, efectiva, abanicando sectores de las finanzas y del gobierno federal que tradicionalmente objetaban las “936”. Y en un momento estratégico, el entonces gobernador Pedro Rosselló redactó una ya famosa carta en la que apoyaba la derogación de la “936”. 

       Ocurrió. El resto es historia, con sus consecuencias conocidas, hoy sufridas. Y aunque Pedro Rosselló ya no es líder del PNP, es evidente que aquellos vientos que él produjo hicieron marejada en el actual liderato y en sectores estadoístas. 

     Un párrafo de la Exposición de Motivos de la resolución da base a la ajada expresión abogadil, “a admisión de parte, relevo de prueba”. Lee: “se rechaza cualquier legislación, programa o respuesta federal que conceda tratos y beneficios contributivos distintos a las empresas de manufactura en los estados que operen en Puerto Rico que dependan de la continuación de estatus de territorio no incorporado a expensas del trato igual y poder político que reclama la mayoría de los puertorriqueños”.

     En traducción arrozhabichuelesca, mientras exista el Estado Libre Asociado, no envíe Washington proyecto que permita desarrollo económico. O estadidad, o nada. 

     Pues bien. Soy consciente de que en el país hay un sector al que les satisfacen esas posturas, o de lo contrario el liderato legislativo no las estaría promulgando. Y aunque tengan gravísimas consecuencias, como esta, es alimento electoral. 

     Esta legislación evidencia lo que Santayana sentenció: “El fanatismo consiste en redoblar los esfuerzos cuando se pierde el horizonte”.

     ¡Hasta dónde puede el formulismo político desechar el bien común, máxime en nuestro momento histórico de mayor crisis! De ocurrir esa transferencia de producción de fármacos, nuestra situación económica (bonos, retiro, universidad, municipios) mejoraría significativamente.

     Naciendo esto de legisladores que tienen la capacidad y el compromiso con el país, aunque uno difiera de muchas posturas, tengo, entonces, que adjudicar la redacción y aprobación de esa pieza legislativa a un lapsus legislativo y que quedará “en gaveta”. En especial, que su curso procesal termina, según ordenado en la Resolución, en las manos del presidente Trump y de todos los congresistas.

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