Gerardo A. Carlo-Altieri

Punto de vista

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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El fin de la luna de miel entre la Junta y el gobierno

La carta de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF) del 25 de noviembre de 2019, dirigida a la gobernadora Wanda Vázquez y a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, solicita que el gobierno cumpla con las disposiciones de Promesa que requieren un análisis previo sobre el impacto fiscal y presupuestario de cualquier legislación nueva. 

La Junta amenaza con usar los poderes extraordinarios que provee Promesa para anular los efectos de cualquier legislación que resulte opuesta a los principios de Promesa o que viole los planes fiscales y presupuestos certificados por la Junta.  

La sección 204(a) de Promesa requiere una certificación de cumplimiento con el Plan Fiscal para cada legislación dentro de siete días de ser aprobada. La certificación debe contener un análisis de los costos y la Junta tiene el poder bajo la sección 204(5) de  tomar cualquier acción necesaria para asegurar que tal ley no afecta el cumplimiento con el Plan Fiscal certificado, incluso evitar que tal legislación sea efectiva.

Según la Junta, el gobierno ha incumplido en cuanto a cuatro áreas legislativas: impuestos, aumentos al sector público, reprogramación de fondos y consolidación de la Compañía de Turismo.  

Los proyectos contributivos incluyen enmiendas al Código de Rentas Internas y al Código de Créditos Contributivos que afectan los presupuestos certificados, y son contrarias al Plan Fiscal certificado por la Junta. 

Entre otros se menciona el Proyecto 2172, que reduce el cobro de impuestos a los individuos, concede aumentos de exenciones al impuesto “business-to-business” y cambios en los impuestos “micro-spirits”.

Además, permite transferir créditos contributivos bajo el Código de Incentivos a cambio de un reembolso del 90%, justificando dicho recorte en una reducción de créditos por renovación urbana, gastos de conservación y créditos de exgobernadores, que resultan insuficientes y de todas formas, ya estaban en “moratoria”.

La Junta alega que no es aceptable utilizar “one-time outperformances” para compensar reducciones permanentes en impuestos y que otras provisiones pueden erosionar la administración de los recaudos, incluso el aumentar el mínimo de $3M a $10M para presentar estados financieros auditados, y permitir que contadores-especialistas puedan presentar certificaciones financieras.

El proyecto del Senado 1099 propone aumentos al Cuerpo de Bomberos no consistentes con el Plan Fiscal e impuestos injustificados para sufragar los aumentos. Y el Proyecto del Senado 1341 restaura los días de licencia de vacaciones y enfermedad a los empleados públicos sin fuente de recaudos para dicha erogación. 

Otra resolución propone reprogramar fondos de años fiscales previos, en violación a la sección 204 (c) de Promesa. Además, el Proyecto del Senado 1455 mantiene a la Compañía de Turismo como una corporación separada, contrario al Plan Fiscal que requiere consolidación con Comercio.

Sobre los cambios contributivos recientes, Jaresko indica que el gobierno está en un punto crítico de su proceso de recuperación que requiere un régimen consistente de impuestos y los cambios a los impuestos entorpecen la reorganización. 

La Junta no tiene muchos simpatizantes, pero hay que aceptar que en demasiadas ocasiones sus consejos y requerimientos al gobierno han sido certeros y desgraciadamante, ignorados. 

La reforma contributiva sigue el mismo patrón: el gobierno dando palos a ciegas, continuamente pasando pseudo-reformas de “media noche”, a puertas cerradas y sin vistas públicas para favorecer intereses ocultos.   

Puerto Rico necesita un sistema sencillo contributivo que no requiere cambios trascendentales, sino comenzar creando un Comité Conjunto de Cámara y Senado permanente, con los mejores profesionaes disponibles, que continuamente desarrollen aquellas enmiendas que requiera el sistema. 

Igualmente, hay que separar la administración contributiva de la jurisdiccion del Departamento de Hacienda y depositarla en una agencia independiente y apolitica, dirigida por un Comisionado de Rentas Internas con nombramiento de diez años y sujeto a la confirmación de ambas camaras legislativas. 

Puerto Rico nunca saldrá de su desmadre fiscal si no se reforma el sistema y la administración contributiva actual, ineficiente y totalmente arcaica.  


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