Carmen Dolores Hernández

Tribuna Invitada

Por Carmen Dolores Hernández
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El fraude educativo

En estos días se están graduando en Puerto Rico miles de estudiantes universitarios de instituciones privadas de enseñanza superior. Saldrán a la calle con sus flamantes títulos de bachillerato, maestría o doctorado esperando que la vida les brinde las oportunidades de las que se piensan acreedores tras completar un programa específico de estudios. Sus diplomas acreditan su capacidad para desempeñar una profesión que requiere algo más que un conocimiento general.

¿Es así? Lamentablemente, la educación superior en Puerto Rico se devalúa cada vez más en aras de propósitos que poco tienen que ver con la enseñanza y la capacitación profesional. En muchas instituciones el nivel de estudios -y las calificaciones otorgadas- se adaptan a las insuficiencias de aprendizaje que arrastran los estudiantes desde la escuela elemental y secundaria. (Que este sea un problema real nadie lo duda; el remedio, sin embargo, no puede consistir en perpetuar las deficiencias, llevándolas a otro nivel.) Debido a ello se bajan las exigencias académicas y sufre la calidad de la enseñanza. No son los estándares, sin embargo, los que deben ajustarse a las deficiencias sino los estudiantes los que deberían superarse (con ayudas específicas, de ser necesario) para aprovechar al máximo la educación que se les brinda.

Los problemas abundan: algunos profesores no dominan la materia; otros se prestan a inflar notas que no corresponden al nivel de las ejecutorias estudiantiles para no perder sus puestos (algunas instituciones exigen tal práctica); ciertos planteles reorientan a sus estudiantes hacia profesiones de bajo nivel de expectativas para no perderlos (como el magisterio: así continúa el círculo vicioso). Todo ello perpetúa la ignorancia en vez de aumentar el conocimiento especializado. Las instituciones rivalizan no en captar los mejores estudiantes sino en tener las menores exigencias.

¿A quién engañamos? ¿Quiénes se perjudican? El estudiante mismo, en primer lugar, que -tras años de estudios universitarios e incurrir en deudas- sale sin la preparación necesaria para desempeñarse bien en la profesión de su elección. Siempre estará en desventaja. Su diploma es, en cierto sentido, fraudulento al dar fe de un conocimiento inexistente. Se engaña a la sociedad, pues lejos de contar con profesionales bien preparados, tiene que sufrir las consecuencias de la incapacidad diplomada.

La educación universitaria no es un proceso democrático. Hay grados de conocimiento, niveles y jerarquías. Una opinión informada por años de estudio y reflexión no es igual a la de quien se enfrenta por vez primera a un área del saber. Lo que debe ser democrático es el acceso a tal nivel educativo. Una sociedad que progrese y planifique un futuro mejor debe ofrecerla de excelencia (y al menor costo posible) para todo el que busque cultivar su intelecto y sus capacidades, no para quien quiera “comprar” un diplomaque le permita ganar más.

¿A qué se debe la devaluación de la educación universitaria en muchas instituciones privadas? Al afán de sobrevivir económicamente. Las burocracias administrativas olvidan a menudo los fines para los que surgieron y enfocan sobre los medios para mantenerse en sus puestos; no valoran la calidad de los estudiantes sino su cantidad. La educación se convierte en un negocio rentable con “clientes” cautivos. Aceptan indiscriminadamente a quienes no tienen la preparación adecuada sin ofrecer recursos adecuados que la supla. Intentan retenerlos a toda costa, poniendo en práctica un sistema de “mantengo” educativo dirigido a la auto-preservación de la institución y su salud económica, que valoran más que la académica. Ciertamente que ninguna institución puede prescindir de una base económica adecuada, pero la supervivencia no debe ser más importante que la educación. Lo contrario supone perpetrar y perpetuar, a gran escala, un enorme fraude educativo.

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