Juan Lara

Tribuna Invitada

Por Juan Lara
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El futuro con Trump y PROMESA

La elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha creado un ambiente de incertidumbre y ansiedad, y a nosotros nos toma en el peor momento. Aún no sabemos bien qué rumbo tomará el proyecto de PROMESA, y ya tenemos un cambio radical en el contexto político de la relación de los puertorriqueños con el gobierno federal. Aunque es muy difícil predecir cómo se afectará el manejo de nuestra crisis por parte de las autoridades en Washington, no hay duda de que una Casa Blanca con Hillary Clinton hubiera sido más auspiciosa para nosotros que lo que podemos esperar del Sr. Trump.

En unas semanas iniciará un nuevo cuatrienio político con un nuevo gobierno que intentará, una vez más, lo que dos administraciones del PPD y una del PNP no han podido lograr hasta el presente: estabilizar las finanzas públicas, detener la contracción de la economía y propiciar el crecimiento de la producción, el empleo y los ingresos de los puertorriqueños. Esta vez, el esfuerzo de estabilización será tutelado por la Junta de Supervisión Fiscal; una entidad nacida de una negociación difícil entre un Congreso controlado por los republicanos y la administración demócrata de Barack Obama.

Ahora que el conservadurismo republicano extremo se consolida en el Congreso y la Casa Blanca, cabe preguntarse si lo que dio luz al proyecto PROMESA seguirá vigente o no. Un tema de especial urgencia es qué pasará con las propuestas de que se nos conceda paridad en Medicaid y que se nos incluya en el crédito contributivo federal por ingreso del trabajo (Earned Income Tax Credit, EITC). Durante meses, hemos alimentado la esperanza de que el grupo de trabajo de desarrollo económico creado por PROMESA (el llamado Task Force) incluya esas dos propuestas en sus recomendaciones al Congreso. Ahora no podemos estar confiados de que el Congreso las apruebe, aún con la recomendación del Task Force.

Mientras tanto, el nuevo gobierno de Ricardo Rosselló tendrá que apresurarse a preparar un nuevo plan de ajuste fiscal de cinco años, si es que quiere, como parece ser el caso, reemplazar con un plan propio el que sometió hace unas semanas la administración saliente. Esto le da poco tiempo a la Junta de Supervisión Fiscal para encarar su misión antes de que venza el plazo para que los bonistas puedan acudir a los tribunales en lugar de sentarse a la mesa de negociación. Es posible que se pueda extender la veda de litigios por algún tiempo, pero el calendario quedará apretado para que la Junta cumpla con su encomienda más importante, que es encarrilar un proceso ordenado y justo de renegociación de la deuda.

La intensificación de la incertidumbre que trae el resultado electoral de Estados Unidos nos obliga a enfocarnos con más determinación en recuperar el control de la política económica, asegurándonos de que la Junta sea realmente una de supervisión, no de control autoritario, y que sea sensible a las necesidades de una población agobiada por una década de depresión. Pero eso requiere tomar la iniciativa con estrategias concretas para el manejo de la crisis, comenzando por el plan de ajuste quinquenal. Es la mejor promesa que nos podemos hacer nosotros mismos.

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