Gerardo A. Carlo-Altieri

Punto de vista

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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El gobernador y la ley Promesa

La controversia sobre la sucesión a la gobernación de Puerto Rico ha opacado toda noticia de sustancia en la isla, aunque habíamos dicho antes que la crisis de las finanzas de Puerto Rico podría resultar en un cambio gubernamental.

Por ejemplo, hay que analizar el anuncio hecho por el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD), Ben Carson, sobre las nuevas restricciones al manejo de fondos federales de reconstrucción bajo el programa de desarrollo comunitario (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) (ENDI, J. Delgado, 2 de agosto de 2019).

El secretario de HUD, quien recientemente respaldó los insultos del presidente Donald Trump a la ciudad de Baltimore, tampoco fue diplomático al justificar la nueva estructura federal de erogación y supervisión de fondos para Puerto Rico debido a “irregularidades fiscales, mala administración y corrupción”.

La inseguridad política desatada en Puerto Rico en las últimas semanas pudo haber contribuido a la reglamentación especial de HUD sobre uso de fondos, aplicando requisitos solo a Puerto Rico e Isla Vírgenes (por contagio), contrario a reglas que aplican a otros estados de la nación impactados por desastres naturales.

Paralelamente, en el Congreso se discute la creación de un administrador especial (Zar) para coordinar la repartición de fondos federales, reestructurar las pensiones y sobre todo, la reorganización, privatización y renegociación de las deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica que ascienden a cerca de $8,300 millones.

Por otro lado, el cuadro de inestabilidad creado alrededor de las renuncias del gobernador y jefes de gabinete atrasa pero no paraliza el proceso de resolución de la deuda y la rehabilitación fiscal y económica de la Isla.

Por el contrario, la participación ciudadana masiva debe estimular a los bonistas y otros acreedores recalcitrantes a negociar con responsabilidad, según exigió la jueza Laura Taylor Swain, que preside el tribunal de Promesa, en la vista celebrada la semana pasada.

Puerto Rico tiene demasiado que perder al extender el proceso de sucesión y normalizar la gobernanza de la isla luego de las renuncias traumáticas recientes en la rama ejecutiva, pero tampoco se deben demonizar las luchas políticas de sucesión siguiendo el orden legal y constitucional y respetando el principio cardinal de la separación de poderes.

La participación de la rama legislativa ha cumplido con sus encomiendas políticas, jurídicas y constitucionales al anunciar el comienzo del proceso de residenciamiento al primer ejecutivo, iniciar investigaciones sobre el abuso de poder y considerar la solicitud de nombramiento de un secretario de Estado.

No debemos menoscabar las funciones constitucionales y los principios democráticos que están aquí envueltos ni tampoco menospreciar la participación masiva y valiente de la ciudadanía en el proceso de cambio de gobierno.

El desarrollo de cambios dentro de la democracia constitucional puede resultar frustrante, lento y confuso, pero es preferible a la autocracia y al manejo de los asuntos de forma dictatorial.

Además, la experiencia reciente nos demuestra, que la alternativa de leyes especiales autocráticas que imponen juntas de control dirigidas por tecnócratas contratados y que hacen trizas los procesos políticos, democráticos y constitucionales, tampoco son la solución.

Puerto Rico ha dado cátedra de democracia participativa que resultó en protestas masivas y la renuncia del gobierno. Pero a la vez, se ha llevado el proceso de transición de gobernanza con cordura hacia una transición pacífica y ordenada y no hay razón para dejar que el proceso constitucional se desacredite por estar en manos de la clase política.

Las luchas por poder político internas no son per se malévolas si se hacen abiertamente y siguiendo los principios legales y constitucionales aplicables. Le toca ahora al Senado de Puerto Rico finalizar el proceso de confirmación pendiente con cordura y si es necesario, la rama judicial intervernir para finiquitar el asunto.

El pueblo no se merece menos.

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