Milagros Rivera Watterson

Tribuna Invitada

Por Milagros Rivera Watterson
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El Gobierno criminaliza la protesta

Las recientes enmiendas al Código Penal por parte de la Asamblea Legislativa y la restitución de la Ley Tito Kayak, entre otras, demuestran la vuelta a viejos estilos de gobernanza. Estos llevaron al desarrollo de la mal llamada política pública de “mano dura contra el crimen”, con la que se aumentaron las penas por los delitos partiendo de la falsa premisa que, a mayores condenas más se previene la comisión de delitos y, por lo tanto se da una baja en la criminalidad.

Tal parece que no aprendemos de viejas experiencias y estamos repitiendo el uso de aumentar condenas o reclasificar los delitos de menos graves a graves para condenar e institucionalizar a más personas. Esto no sólo es un desacierto sino que, en unión a otros incisos incluidos, demuestra una vez más el uso de la improvisación para crear e implantar nuevas leyes pero esta vez relacionadas en su mayor parte con los derechos a la libre expresión.

Este derecho queda así coartado con estas enmiendas que, al convertirse en ley propenderán a desalentar y a perseguir a aquellos grupos que protesten ante injusticias y violaciones a los derechos más fundamentales.

Aprobar estas enmiendas en estos momentos donde, además, se han eliminado derechos a los obreros, empleados de empresas privadas y empleados gubernamentales, contribuye a que los ciudadanos se sientan oprimidos. Esto es así porque observamos y vivimos cómo el pueblo se empobrece, mientras otros reciben contratos y prebendas políticas, o donde hay recortes para unos y otros no. Esto crea terreno fértil para las protestas, que seguirán creciendo.

No se puede decir que protegemos a unos sectores cuando para hacerlo perseguimos a otros violentando su derecho a la libre expresión.

Lograr el balance no es fácil, pero sí posible en una verdadera democracia.

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