Eduardo Villanueva

Tribuna Invitada

Por Eduardo Villanueva
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El gobierno en anomía

Dícese de una sociedad sin normas, que vive en un estado de anomía. Así vive nuestra patria, buscando un rumbo que la encamine a la producción, a la satisfacción de bienes esenciales para garantizar la dignidad del ser humano. El ciudadano trabajador produce y aspira a que sus gobernantes le aseguren vivienda, empleo, salud, seguridad pública y educación. Esos son componentes esenciales de una vida y un gobierno que propenda a garantizar las condiciones mínimas que garanticen la dignidad del ser humano. La política pública que garantice la dignidad del ser humano tiene que darse más allá de clases sociales y de afiliación político partidista. Si el gobierno electo por el pueblo no tiene la facultad para definir qué son servicios esenciales y hacer que los recaudos se dirijan a satisfacer esas áreas, se convierte en un gobierno disfuncional, que no puede garantizar una sociedad sujeta a normas racionales y coherentes. Cuando la fuente de poder no nace del pueblo y está en manos de un ente ajeno impuesto por la fuerza, es claro que no hay democracia. El preámbulo de nuestra constitución dice en parte:

“Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas…”

Tal es la situación de presente en Puerto Rico. La prioridad de la Junta de Control Fiscal es hacer un gobierno más pequeño, que produzca para pagar la deuda pública, sin auditar e incurrida a nombre del pueblo de manera ilegal por exceder los recaudos y estar basada en el concepto de la deuda extra constitucional. Lejos están las prioridades de asignar fondos para los servicios esenciales que apunté, de modo que se creen las condiciones objetivas para garantizar la dignidad del ser humano.

La jueza Laura Taylor, en el proceso de quiebra, tendrá la oportunidad de hacer valer la independencia judicial y la teoría de frenos y contrapesos del Sistema Republicano de gobierno. La jueza Taylor debe establecer un balance de prioridades, que asegure que los fondos recaudados se dirijan a brindar servicios esenciales en primer lugar y en rol secundario, al pago de la deuda. La deuda debe ser auditada para que la jueza pueda impartir justicia y nivelar las fuerzas de litigantes que ejercen su rol en amplia desproporción de poder a favor de los acreedores.


Algunos dicen que tenemos que entender que el poder soberano radica en el Congreso Federal y que éste tiene los poderes plenarios para imponer su voluntad sobre Puerto Rico, conforme a sus intereses y no los nuestros. Eso es una lectura literal de la ley y del momento histórico que la fundamenta. Así era para la esclavitud y se abolió. Así era para la doctrina de separados, pero iguales y se declaró inconstitucional en Brown vs Board of Education. Lo fue con la presencia de la Marina de los Estados Unidos en Vieques y tuvieron que abandonar ante la lucha del pueblo que unido logró vencerla.

Pueblo que no lucha es pueblo que perece y está abocado a desaparecer. Pueblo que reclama con valor, sacrificio y creatividad, el derecho a proteger una vida plena, a escoger libre de opresión e imposiciones y hacer valer la dignidad humana, es pueblo que se perpetua en la historia para trascender hacia lo que parecía imposible. Ese es el reto de Puerto Rico en este momento histórico. Las futuras generaciones adjudicarán quién estuvo a la altura del reto y quién claudicó en defensa de los intereses de su pueblo.

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