José Aponte Hernández

Tribuna Invitada

Por José Aponte Hernández
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El gobierno es víctima del crimen cibernético

Recientemente, el gobierno de Puerto Rico fue víctima de uno de los ataques cibernéticos más sofisticados en los últimos tiempos. Hace apenas unas semanas, personas aún desconocidas, ‘hackearon’ el sistema de la Colecturía Virtual del Departamento de Hacienda.

Esta nueva modalidad criminal va en aumento exponencialmente, por eso necesitamos tener las herramientas necesarias para investigar estos “ataques” y lograr establecer mecanismos de prevención efectivos.

Ante este panorama, nos dimos a la tarea de elaborar una serie de iniciativas para brindarle a los organismos de ley y orden las herramientas necesarias para la investigación de los crímenes cibernéticos en la Isla.

Primero, necesitamos crear un laboratorio exclusivo para la detección de crímenes cibernéticos que  permita a los investigadores realizar labores de análisis forense de evidencia electrónica, algo que actualmente se hace muy difícil porque no existe ninguna facilidad del Estado destinada a este uso.

El Laboratorio Tecnológico Especializado en Crímenes Cibernéticos en Puerto Rico estaría a cargo de recopilar, extraer, preservar y analizar toda la evidencia relacionada a crímenes cibernéticos, incluyendo el fraude, la piratería, robo y falsificación, ataques a sistemas, la interceptación ilegal de redes, interferencia de datos y violación de información confidencial.

Actualmente la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia tienen una necesidad imperante de realizar investigaciones profundas sobre casos asociados a la criminalidad en la modalidad electrónica. Para ejemplo un botón basta. De los alrededor de 549 casos de crímenes cibernéticos investigados por la uniformada en el 2014, apenas 37 fueron sometidos al análisis forense, lo que indica una gran necesidad de este tipo de centro.

En orden de agilizar el proceso investigativo, el laboratorio estará adscrito al Departamento de Justicia y contará con el personal capacitado y recursos tecnológicos especializados, como por ejemplo, computadoras con capacidad de análisis forense, discos externos, memoria USB, celulares y otros; sistemas para el desciframiento de contraseñas, reconstrucción de actividades de historial de la “Web” y el acceso a archivos temporales y ocultos que ayuden a alcanzar estos objetivos.

La segunda iniciativa crea, por virtud de ley, la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC) adscrita, también, al Departamento de Justicia, y la cual estará a cargo de investigar y procesar delitos y/o faltas graves y menos graves relacionadas con el derecho a la intimidad, propiedad, identidad y la seguridad de las transacciones electrónicas.

Esta Unidad vendría hacer una de primera investigación que podría entonces solicitar, en los casos que amerite, la intervención de las agencias federales.

También tenemos que estudiar la viabilidad de establecer nuevas reglas para el requerimiento de información almacenada electrónicamente con el objetivo de sufragar las necesidades de las agencias de ley y orden, al momento de las investigaciones.

Entre muchas de las inquietudes que han sido levantadas por los agentes investigadores sobre el trabajo forense cibernético se encuentran el que muchos proveedores de servicios electrónicos no reservan por tiempo prolongado los historiales de asignación de direcciones electrónicas, mejor conocidas como IP (Internet Protocol). Esta sería una de las áreas que evaluaremos para atender en enero de 2017.

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