Luis Jorge Rivera Herrera

Tribuna Invitada

Por Luis Jorge Rivera Herrera
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El gobierno magnifica los desastres

Los huracanes, entre otros fenómenos naturales, se convierten en una amenaza cuando ubicamos y edificamos estructuras ignorando sus efectos. El Gobierno de Puerto Rico ha auspiciado esta práctica para promover la industria de la construcción y así tratar de impulsar, supuestamente, el desarrollo económico. La experiencia demuestra lo contrario.

En el año 1928, la Central San Miguel fue fundada en terrenos de la hoy reserva natural Corredor Ecológico del Noreste. Esta apenas operó cuatro años tras ser destruida por el huracán San Ciprián en 1932. Más de medio siglo después el gobierno promovió la construcción de las villas de playa del proyecto San Miguel Resort en el mismo lugar donde existió la instalación azucarera, aun cuando el atlas de desalojo por marejada ciclónica y los mapas del seguro contra inundaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) identificaban el área como susceptible a estas condiciones.

Son muchos los casos de comunidades afectadas por otros procesos naturales potenciados por la intervención indebida del ser humano. Entre estas se destacan deslizamientos de terreno, caídas de rocas o colapsos de sumideros como los del Centro de Diagnóstico y Tratamiento en Corozal, las urbanizaciones Monte Verde y Los Rosales II en Manatí, la urbanización Cerca del Cielo en Ponce, y las urbanizaciones Villa España en Bayamón y Hacienda Las Lomas en Ceiba.

Los efectos de la insensatez se han manifestado también en permisos para construir o legalizar edificaciones cerca al mar y, por ende, expuestas a la erosión costera en comunidades como las del sector Córcega en Rincón, El Condado, Ocean Park y Punta Las Marías en San Juan, Las Carreras en Loíza y Playa Fortuna en Luquillo, por mencionar algunos casos. Lejos de disminuir, estas situaciones se multiplicarán y agudizarán a medida que continúe aumentando el nivel del mar como expresión del cambio climático.

En ese contexto, es importante destacar la planta de incineración propuesta por la empresa Energy Answers. En el año 1998, las inundaciones asociadas al huracán Georges destruyeron el puente de la carretera PR-2 sobre el Río Grande de Arecibo. Es en el llano costero de este río, asociado al Caño Tiburones —el humedal de agua dulce más extenso de Puerto Rico— y específicamente en un predio sujeto a las corrientes del río durante una inundación, donde se pretende establecer la incineradora. No obstante, la administración del exgobernador Luis Fortuño aprobó su declaración de impacto ambiental y la consulta de ubicación de forma expedita. Tal decisión fue mantenida por la administración del exgobernador Alejandro García Padilla tras negarse a revisar el proceso de evaluación caracterizado por la falta de juicio y rigor, tal y como ha imitado hasta ahora la administración del gobernador Ricardo Rosselló. Energy Answers no ha obtenido todos los permisos, por lo que todavía podemos evitar este absurdo proyecto.

La actual administración, desatendiendo experiencias pasadas, se empeña en impulsar un proceso “fast track” en la aprobación de permisos, cuyo resultado podría magnificar nuestra vulnerabilidad. Nuestros funcionarios electos y designados, al así hacerlo, inducen a la comunidad empresarial, la banca, y a la industria de seguros a apostar en proyectos de gran riesgo, a costo de toda la sociedad.

Irónicamente, el mismo día en que el ojo del huracán Irma amenazaba con atravesar nuestra isla, la Junta de Planificación tenía pautada vistas públicas para enmendar y simplificar el Reglamento Conjunto de Permisos.

¿Significará este esfuerzo uno que termine “agilizando” los desastres en Puerto Rico? ¿Hasta cuándo FEMA y el resto del gobierno federal continuarán subsidiando la recuperación de daños auto infligidos? El historial de las administraciones presente y pasadas, los menguantes recursos humanos y técnicos de las agencias evaluadoras, y la intención de aprobar expeditamente proyectos supuestamente críticos bajo el esquema de la Ley PROMESA y la Nueva Ley de Permisos, no son un buen pronóstico.

Aprovechemos la buena fortuna de no haber sido afectados catastróficamente por el huracán Irma aprendiendo de su impacto devastador sobre las Islas de Barlovento. No es posible fundamentar el progreso y desarrollo de nuestra isla en decisiones “a la ligera” y, menos todavía, para privilegiar intereses particulares a corto plazo. Es vital, en cambio, garantizar la planificación integral de nuestro espacio isleño mediante un análisis responsable, priorizando la protección de la salud ambiental, la conservación y mejor aprovechamiento de los recursos naturales, y el uso sostenible de los terrenos, para beneficio de todos los ciudadanos.

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viernes, 15 de septiembre de 2017

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