Zarel Soto Acabá

Punto de vista

Por Zarel Soto Acabá
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El impacto del CARES Act en la industria financiera

La llegada del COVID-19 ha afectado la mayor parte de los sectores de la economía local e internacional. La erosión de los sectores bursátiles financieros, el congelamiento de flujo de capital y la pauperización del estado de bienestar de la clase trabajadora son solo algunos de los retos que enfrentamos a raíz de la pandemia. Para afrontar estos desafíos, el 27 de marzo de 2020, el presidente Trump firmó el Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act), el paquete de estímulo económico más grande en la historia norteamericana. La medida asigna $2.2 billones para distintos programas de inyección de capital dirigidos tanto a individuos como al sector empresarial.  

La industria financiera no quedó inmune al impacto de dicho plan de estímulo, toda vez que la medida asignó $367 mil millones (adicionales a $500 mil millones asignados para préstamos a estados, gobiernos locales y otras industrias) para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a través del Small Business Administration. Los bancos locales se encargarán de enviar las solicitudes al SBA en nombre de sus clientes y recibir los pagos. Desde luego, estos fondos no estarán exentos de fiscalización federal. La ley creó la Oficina del Inspector General para la Recuperación de la Pandemia, que podrá realizar auditorías e investigaciones y mantendrá informado al Congreso a través de informes trimestrales. También el Congreso creará un comité de supervisión para monitorear la implementación del estatuto.

De otra parte, el CARES Act cuenta con varias medidas temporeras que impactan el marco regulatorio de las instituciones financieras. Entre ellas, autoriza al Federal Deposit Insurance Corporation a aumentar su límite de garantía de $250,000, siempre que la garantía extendida finalice el 31 de diciembre de 2020. La legislación también faculta al Office of the Comptroller of the  Currency a eximir a los bancos del límite de cantidad a prestar, si la exención responde a un interés público. 

Al mismo tiempo, una institución financiera podría suspender, durante el período cubierto, los requisitos de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAP, por sus siglas en inglés) en cuanto a la categorización contable de sus préstamos modificados. El período cubierto comienza el 1 de marzo de 2020 y finaliza antes del 31 de diciembre de 2020, o 60 días después de la fecha en que finaliza la declaración de emergencia nacional relacionada con el coronavirus. La legislación también permite que una institución depositaria asegurada, una compañía tenedora de bancos o cualquier afiliada retrase temporalmente la métrica de pérdidas crediticias en instrumentos financieros utilizando el nuevo estándar contable (Current Expected Credit Losses) hasta el 31 de diciembre de 2020, o la fecha en que finalice la declaración de emergencia nacional relacionada con el coronavirus. Aun cuando estas medidas son de carácter temporero, constituyen un cambio material que altera las operaciones de la industria financiera.  

Desde un punto de vista legal y macroeconómico, la aprobación del CARES Act trae consigo un brote de nuevos retos. Toca ahora encaminar las operaciones del sector empresarial a los contornos delineados por el nuevo estatuto. Después de todo, la implementación del CARES Act inherentemente implica el manejo de fondos federales. Lo anterior incrementa la lupa federal en cuanto al escrutinio de su uso. Esto dispara la necesidad de desarrollar e implementar programas de cumplimiento efectivos alineados a la política pública federal para afrontar la crisis. Del mismo modo, la legislación hace más patente la necesidad de reforzar los principios de ética corporativa a toda la fuerza laboral en estos sectores. 

El momento de tomar acción corporativa es ahora. La nueva legislación invita al sector financiero a implementar programas de cumplimiento robustos enfocados en políticas internas anti-fraude. La punta de lanza en la implementación efectiva de este tipo de programas es promulgar el uso de reportes anónimos internos de conducta antiética o fraudulenta. La tendencia corporativa internacional, incluso previo a la pandemia, ha sido dirigida a la implementación de investigaciones corporativas internas para investigar este tipo de reportes anónimos.  Este tipo de investigaciones generalmente se realiza por firmas externas para garantizar la pureza e imparcialidad del proceso. Así, se mitigaría el riesgo corporativo de exposición civil y criminal dentro de la crisis y aun después. 

Por tanto, la presencia del COVID-19 y el CARES Act abre una nueva etapa en la que se convoca al sector empresarial a repensar sus medidas de control interno frente a esta nueva crisis. A fin de cuentas, toda crisis lleva consigo la oportunidad de identificar áreas de mejoramiento para un mejor clima empresarial.  

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