Pablo Vázquez Ruiz

Tribuna Invitada

Por Pablo Vázquez Ruiz
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El impacto de vender la AEE

L a intención de la presente administración de privatizar a la Autoridad de Energía Eléctrica es un primer paso hacia una ruta irreversible. Se convierte en una de las decisiones de mayor impacto tomadas por un Gobierno local en los últimos 20 años, ya que su efecto influenciará directamente el desarrollo económico de Puerto Rico en las próximas tres décadas. Es fundamental comenzar la discusión responsable y apolítica sobre ese proceso, algo por lo que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) siempre ha abogado.

Necesitamos con urgencia un sistema robusto, confiable, eficiente, resiliente y con costos menores a los actuales, y en nuestra opinión no es posible lograr todos los objetivos simultáneamente. La experiencia de sistemas privatizados como el de Chile, Panamá, México, República Dominicana y algunos estados de Estados Unidos, refleja que los costos de energía aumentaron luego de un proceso de privatización. Es importante que los costos finales del servicio de energía sea un asunto clave durante el proceso de selección de las compañías interesadas en comprar activos, y esto debe estar contemplado en el marco legislativo y regulatorio de manera que los intereses del pueblo se protejan.

Siendo los detalles del modelo de esta transacción muy escasos, son más las interrogantes que las respuestas que nos quedan claras, pero es clave que este proceso sea transparente y honesto en el que se logre la confianza del pueblo y de los inversionistas privados. Estos sin duda requerirán garantías que pudieran ser limitantes a la necesidad de ampliar las alternativas energéticas y entrar en conflicto con el interés de controlar los costos energéticos al ciudadano.

La viabilidad de esta propuesta está influenciada por múltiples elementos y es por ello que resulta fundamental que el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal armonicen sus respectivas estrategias. En estos momentos, la JSF busca desarrollar cuatro proyectos de energía a largo plazo. El CIAPR evalúa los mismos en respuesta a la petición de la Junta. Los acuerdos con estos proponentes podrían afectar adversamente el proceso anunciado ayer por el Gobierno de Puerto Rico. Todos debemos caminar en la misma ruta y con los mismos objetivos.

En los modelos comerciales aplicables a la privatización, podrían limitarse los activos a ser adquiridos por una misma compañía, lo que permitiría mayor competencia al momento de prestar el servicio.

De otra parte, sabemos que más del 60% de costos del servicio de energía eléctrica están relacionado al tipo de combustible que se utilice. Es un hecho que nuestra condición de isla añade costos ya que conlleva transportación marítima. Por tales razones, nuestro sistema eléctrico debe contar con una diversificación de combustibles y fuentes renovables para garantizar niveles de seguridad óptimos. En la medida que esto sea incorporado en los requisitos de compraventa de los activos, se podrán obtener mejores resultados.

Por otro parte, adoptar concesiones a largo plazo para la red de transmisión y distribución, requerirá grandes inversiones de parte del ente privado. Esto es necesario para poder garantizar su confiabilidad, que de seguro le será requerida contractualmente. Esta inversión se convertirá en un alza de costo de servicio, sin lugar a dudas.

Esta es una transacción altamente compleja que a tomará a nuestro juicio más de 18 meses. Este será solo el tiempo de negociación. Desarrollar los proyectos y ver los resultados tomará más de cinco años.

El CIAPR ha planteado consistentemente la necesidad adoptar una Política Pública Energética de país que trascienda los cambios de administración de forma tal que no nos veamos cambiando de dirección cada cuatro años. Ahora es el momento.

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