Eduardo A. Lugo Hernández

Tribuna Invitada

Por Eduardo A. Lugo Hernández
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El imperante de la ciencia en la política pública de Puerto Rico

Puerto Rico posee investigadores de calidad mundial en múltiples áreas. Estos investigadores realizan estudios rigurosos que brindan información útil para la resolución de problemas en el país. Desde estudios que exploran las mejores alternativas energéticas hasta otros que ofrecen opciones para reducir las diversas dimensiones de la violencia; nuestros investigadores e investigadoras tienen en sus manos una cantera de información con gran potencial para promover cambios sociales profundos. Sin embargo, la sincronía entre la investigación y el desarrollo de política pública en el país es bochornosamente débil.

Es imperante explorar las razones para este desfase. Desde mi perspectiva, existen varias. Tradicionalmente nuestros investigadores han descartado la política pública como parte de su quehacer académico. Esto se debe a la naturaleza contenciosa y a veces “sucia” de la política, la falta de adiestramiento de investigadores en esta área de intervención social, la falta de interés de los actores políticos en los resultados de las investigaciones, y a la frustración por lo que aparenta ser la priorización de otros grupos de interés que no poseen evidencia científica de las soluciones que proponen.

Las universidades tampoco recompensan de manera adecuada la inserción en política pública de mis colegas. A pesar de que las misiones de las universidades, incluyendo la universidad del Estado, resaltan la responsabilidad social, cuando se evalúa a los profesores, las intervenciones en la política pública no reciben el mismo crédito que la enseñanza y las evaluaciones de los estudiantes. Esto, está demás decir, no incentiva la participación del investigador en la política pública, en un escenario donde deben dividir su tiempo entre la enseñanza, la mentoría de estudiantes, la participación en comités y otras tareas.

Por último, pero puede que hasta más importante es que en un país tan politizado, las consecuencias de exponer datos que vayan en contra de la visión o intereses del partido de turno, pueden tener graves consecuencias en las oportunidades de avance profesional de la persona y las relaciones con colegas. Además, hay un efecto de fatiga en aquellas personas que lo intentan, dado que la respuesta de nuestros políticos a las aportaciones de la ciencia es tímida y a veces apática. Eso no debe sorprendernos, ya que, para la clase política, los científicos del país no son un grupo de interés organizado o con gran impacto electoral.

Nuestros líderes políticos también tienen mucha responsabilidad en la endeble relación entre la investigación y la política pública. A pesar de que nuestro gobernador posee un grado académico en ciencia e investigación, no ha delineado y mucho menos ejecutado un plan para integrar al sector científico del país como asesores en el desarrollo de estrategias para lidiar con diversas situaciones sociales. Esto es particularmente cierto en referencia a investigadores de las ciencias sociales. En cambio, en momentos de crisis económica, el gobierno invierte millones de dólares en consultores y consultoras particulares para traer conocimiento que ya está documentado.

La evidencia apunta a que muchas veces la base para establecer prioridades de política pública no tiene que ver nada con datos científicos rigurosos. En la escala de prioridades se encuentra primero complacer a donantes o grupos de presión que representan votos para las próximas elecciones o apoyo financiero para el Partido o campañas particulares. Además, existe una inclinación casi sectaria, de mantener la imagen del partido. Esto quiere decir que los datos de los estudios son interpretados o manipulados de acuerdo al beneficio o daño que los mismos puedan hacer a la colectividad.

Esta realidad no es exclusiva de nuestro país. Particularmente, en los tiempos de Trump, el valor de las ciencias y la evidencia, se ha sustituido por el fetichismo por las creencias o intereses particulares de cada persona o grupo. Sin embargo, en el momento en que el país se plantea una salida de la crisis económica que experimenta, es imperante que parte integral de las soluciones sea la capitalización en el recurso humano científico que tenemos en la Universidad de Puerto Rico y en universidades privadas del país. Esto requiere varias cosas:

1.   Generar un inventario de los proyectos de investigación con o sin fondos externos que existen en las universidades.

2.   Crear un catálogo de investigadores e investigadoras que estén dispuestos a fungir como consultores para el Gobierno Central, la Legislatura y las agencias públicas.

3.   Proveer adiestramientos a investigadores acerca de procesos de política pública y cómo influir en los mismos.

4.   Incentivar la participación de los investigadores e investigadoras a través de los mecanismos de evaluación del profesorado y compensaciones monetarias o de tiempo.

5.   Priorizar la contratación de investigadores e investigadoras por encima de consultores externos. Esto debe se un proceso sistemático en el cual se tenga que justificar la contratación de consultores externos por la ausencia de peritajes específicos en nuestras instituciones. 

6.   Contratar investigadores e investigadoras para evaluar sistemáticamente la implantación de políticas públicas y sus resultados.

7.   Implantar una estructura de compensación que beneficie al investigador o investigadora y a la institución de donde procede. El dinero destinado a la institución debe ser invertido en fomentar la investigación con implicaciones en política pública y en adiestramiento de facultad y estudiantes.

8.   Aumentar la disponibilidad de internados en la legislatura y agencias de gobierno para estudiantes graduados de diversas disciplinas.

Necesitamos un nuevo modelo, y no solo uno económico. Necesitamos un nuevo modelo de hacer las cosas. El país no sólo está cansado del tribalismo, sino que se nos desmorona por seguir intereses particulares que nada aportan al desarrollo integral de nuestros ciudadanos. Nuestras decisiones gubernamentales deben estar basadas en la mejor evidencia, capitalizando en el talento local.

En cuanto a los científicos del país, es hora de reclamar la visibilidad y la inherencia de las ciencias en la política pública del país. La comunidad científica en Puerto Rico debe organizarse como colectivo para reclamar su lugar en el desarrollo sostenible del país. Indistintamente de la disciplina que representemos o nuestros debates metodológicos, debemos convertirnos en un grupo de presión que demande participación activa en la elaboración, implantación y evaluación de la política pública. Nuestra participación es un imperante moral y ético. Si no es ahora, ¿para cuando lo vamos a dejar?

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