Ramón Ponte

Tribuna Invitada

Por Ramón Ponte
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El impuesto sobre el inventario

Por años el Colegio de Contadores Públicos Autorizados ha abogado por la eliminación del impuesto a la propiedad sobre los inventarios, junto a otros impuestos que encarecen la actividad productiva de los negocios como el Impuesto sobre Ventas y Uso entre comercios (“IVU B2B”). Hoy, tras el paso del huracán María, experimentamos lo que anticipamos, una carencia de productos esenciales y de materiales y piezas necesarios para la operación y reconstrucción de hogares y negocios.

Al mismo tiempo, entendemos que la situación fiscal de los municipios y los recortes al subsidio del gobierno central plasmado en el Plan Fiscal, dificultan que estos puedan absorber la pérdida de recaudos que implica la eliminación del impuesto al inventario. Recientemente, se ha planteado un aumento de 0.3% a la patente municipal para subsanar la pérdida de recaudos por la eliminación de ese impuesto. La patente municipal es un impuesto oneroso que afecta desproporcionadamente a empresas con un margen bajo de ganancias. Un aumento a la patente municipal le asestaría otro duro golpe a nuestras pequeñas y medianas empresas; un golpe quizás mortal para muchas de ellas.

En agosto de 2016 la Fundación Colegio de CPA publicó un estudio para evaluar la estructura municipal. Ese estudio cuantificó ahorros potenciales significativos por mejoras operacionales en los municipios y presentó recomendaciones para potenciar esos ahorros. La restructuración operacional y administrativa de los municipios deben ser el primer paso para atender sus problemas fiscales.

Además, el Colegio de CPA ha compartido con las ramas ejecutiva y legislativa las siguientes alternativas para sustituir los ingresos del impuesto a la propiedad sobre inventarios:

La auto tasación de la propiedad inmueble bajo un sistema que permita a todo contribuyente (comercial o residencial) que voluntariamente informe su propiedad inmueble no tasada y sus mejoras en una planilla sencilla y pague la contribución determinada a base del costo de la propiedad o costo de las mejoras, se considere en cumplimiento y el CRIM no pueda retasar retroactivamente dichas propiedades. Esto aumentaría la base contributiva y lograría una distribución más justa entre los contribuyentes.

La revisión de la base contributiva sujeta a contribución sobre la propiedad mueble y de la tasa aplicable. Proponemos actualizar los valores contributivos (actualmente a precios de 1958) para que estén basados en la transacción de compraventa del inmueble y a base del costo de construcción de las mejoras. El ajuste en los valores contributivos requerirá que la tasa contributiva también sea reducida para minimizar el impacto en los contribuyentes. Además, se revisaría el valor de exoneración de la residencia principal para atemperarlo a los precios recientes, el cual sugerimos sea equivalente al tope de costo que permite FHA. El sistema de tributación se basaría entonces en el Registro de la Propiedad para determinar el valor contributivo. En el año de transición, recomendamos permitir a todos aquellos contribuyentes que adquirieron propiedades a un precio mayor del valor en el mercado actual que puedan solicitar un ajuste al valor contributivo sometiendo un informe formal de tasación. Esto permitirá que toda propiedad cuyo valor actual es más bajo que su costo original, sea ajustada.

Entendemos que las dos recomendaciones anteriores, bien estructuradas, deben proveer suficientes recursos para remplazar el impuesto sobre inventarios. Como medida transitoria, mientras se implantan y evalúan esas medidas, sugerimos una contribución sobre el promedio mensual del costo sobre los bienes vendidos, a una tasa de contribución reducida. De esta manera se elimina la penalidad de pagar impuestos municipales por tener inventario disponible para la venta. Este impuesto afectaría solo a empresas que manejen inventario y no a empresas de servicios. Es decir, estaría dirigida al mismo grupo que hoy paga el impuesto sobre inventario, pero a una tasa reducida y sin penalizarlo por mantener inventario disponible para la venta.

Creemos que las alternativas aquí planteadas resultarán en un sistema más justo, eliminando la penalidad por mantener inventario. Podrán además lograr aumentos en los recaudos que mitiguen la reducción del subsidio del fondo general en los municipios.

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