John Ward

Tribuna Invitada

Por John Ward
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El incumplimiento de la Ley PROMESA

Los miembros de la JSF bajo la ley federal PROMESA no han podido salirse de lo que creyeron que era su propósito: pagar la deuda de Puerto Rico, balancear el presupuesto y estabilizar las finanzas.

Luego han aprendido algo más sobre la situación fiscal de Puerto Rico: (1) el problema no es solo fiscal sino económico; (2) la deuda, tal y como esta es impagable; (3) no se puede pagar la deuda sino no se logra crecimiento económico robusto (según concluye el Informe Krueger); (4) la deuda se debe a una combinación entrelazada de factores tales como los fondos negados por el Congreso a sus ciudadanos de Puerto Rico, la desigual balanza comercial entre PR y los Estados Unidos, las bajas contribuciones a las corporaciones foráneas y las prácticas de usar la deuda como alternativa de gasto bajo las representaciones de las agencias evaluadoras al hacer el préstamo.

El ajuste entre gastos e ingresos sin mas no resuelve el problema, lo agrava. Todos los economistas, desde Stiglitz (Premio Nobel) hasta el último graduado de economía coinciden en que reducir el gasto sin aumentar los ingresos creará más estancamiento y retroceso económico. ¿Sin aumentar los ingresos, como se va pagar la deuda y evitar estrangulamiento progresivo de la economía y la consecuente crisis humanitaria dela mitad de los puertorriqueños que ya apenas subsistían bajo los niveles de pobreza?

La JSF dice que el Gobierno de PR no cumple con los propósitos de la Ley PROMESA, pero es la JSF la que terminará derrotando los propósitos de dicha ley y, de paso provocando el caos y descalabro de nuestra economía y del bienestar de la mayoría de los puertorriqueños.

La única manera de evitar esta catástrofe es mediante la restructuración de la deuda, como, por ejemplo, en Ucrania, donde bajo la hábil dirección de la señora Natalia Jaresko, (hoy Directora Ejecutiva de la JSF) se logró superar la crisis mediante el recorte de 20 por ciento de la deuda y la aportación de cuantiosas cantidades de dinero y créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras entidades análogas.

La propia ley PROMESA contiene disposiciones que permiten utilizar la restructuración como herramienta para posibilitar el desarrollo económico de Puerto Rico en lugar de la ruina y la flagelación.  El asunto está ahora bajo el palio del Tribunal Federal. Por fortuna el procedimiento de restructuración está bajo la presidencia de la jueza Laura Taylor Swain y no responde a las arbitrariedades del Congreso.

Herramientas tales como la moratoria, el descargue parcial de la deuda, el canje de instrumentos de deuda vencida por instrumentos pagaderos en el futuro, y las medidas de estímulo a la economía y a la infraestructura económica y material son parte del inventario de medidas disponible.

El gobierno de Puerto Rico tiene razón y la JSF está actuando contra ley. Por suerte esto lo decidirá el Tribunal y no el Congreso ni los políticos.

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