Hiram Sánchez Martínez

Punto de vista

Por Hiram Sánchez Martínez
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El indulto del gobernador

Ciertamente, una de las cosas que el gobernador Ricardo Rosselló tendrá en mente a la hora de negociar su salida “voluntaria” de la gobernación, será asegurarse de que quien lo sustituya en el cargo —el nuevo secretario o secretaria de Estado— habrá de concederle el indulto pleno por los delitos que pudiera haber cometido durante su participación en el legendario chat que ha quebrantado nuestra tranquilidad social.

La Constitución de Puerto Rico dispone que: “La persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la ley [penal]” (art. III § 21). Esto significa que el gobernador, además de ser destituido, también puede ser acusado criminalmente por los mismos hechos del chat. En otras palabras, el solo hecho de ser destituido no puede librar al gobernador de ser enjuiciado criminalmente. Tampoco su renuncia. Incluso, podría salir airoso del proceso de residenciamiento y, aun así, ser acusado, procesado y condenado por esos mismos hechos ante un tribunal de justicia, por tratarse de dos procesos diferentes y con fines distintos.

Y que no diga el gobernador que no necesitará ser indultado porque él no ha cometido delito alguno. La realidad es que con el informe que acaba de publicar el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y la opinión de los juristas que han estado expresándose a diario en los medios de comunicación social, que concluyen que el gobernador ha cometido ciertos delitos, ya el Dr. Rosselló debería estar dudando de la opinión “privada” que él se procuró de boca de unos abogados cuya identidad desconocemos y que lo exoneran de la comisión de todo delito.

El perdón que el gobernador ha implorado a los seres humanos que integramos este país, no puede protegerlo de un proceso penal. Ya sabemos que el Departamento de Justicia ha iniciado la investigación preliminar que ordena la ley de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), la cual dará base al referimiento del caso del gobernador (no hablamos, de momento, de los demás integrantes del chat). El envío del resultado e informe de esa investigación preliminar a la OPFEI será con una de dos recomendaciones: (1) que se designe un FEI para que este continúe una investigación independiente a base de la cual solamente un FEI podrá presentar cargos penales en los tribunales o (2) que no se designe un FEI. La decisión final, independiente de cuál sea la recomendación del Departamento de Justicia, estará en manos del panel de los tres exjueces que integran el panel.

Es por eso que no dudo que alguno de esos abogados cuya identidad desconocemos —y que según el Dr. Rosselló lo exoneran de la comisión de todo delito— debe estar recordándole (“por si acaso”) el ejemplo del presidente Richard. M. Nixon, que sabiendo que existía la probabilidad de que lo acusaran penalmente ante los tribunales por la conducta delictiva en que incurrió en los hechos del escándalo de Watergate, aseguró su impunidad antes de marcharse. Y es que Spiro T. Agnew, el vicepresidente electo de Estados Unidos, había tenido que renunciar en medio de un escándalo fiscal que lo embarró, y Nixon pudo designar de dedo a Gerard Ford. De modo que cuando Nixon se vio obligado a renunciar a la presidencia de Estados Unidos, negoció con Ford que su primer acto como nuevo presidente de la nación norteamericana fuese su indulto. Y así sucedió. Richard Nixon ni siquiera llegó a ser acusado, pues Ford le concedió un indulto total por cualquier delito proveniente del escándalo de Watergate.

Finalmente, si bien es cierto que el nuevo secretario o secretaria de Estado, una vez asuma el cargo de gobernador sustituto podría concederle el “perdón ejecutivo” (el indulto) al Dr. Rosselló, no podrá “perdonarle” por ningún delito del que pudiera ser acusado en la Corte Federal. Ese perdón solamente podría concedérselo el presidente de Estados Unidos, la misma persona a quien el gobernador Rosselló le ofreció un puño en la boca.

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