Ana Helvia Quintero

Tribuna Invitada

Por Ana Helvia Quintero
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El interés público

E n el reciente debate en torno al Proyecto de Reforma Educativa sometido por el senador Eduardo Bhatia, se ha argumentado que el proyecto intenta privatizar las escuelas, al otorgarle su administración a entidades no gubernamentales.

Independiente de las virtudes o defectos del proyecto, es importante que revisemos la base de este argumento: pensar que el interés público sólo se consigue cuando la administración del servicio está en mano de entidades gubernamentales.

Tradicionalmente se veía la función del Estado como aquella que diseñaba e implementaba las políticas y programas que respondían a su programa de gobierno. Tenía el monopolio en el desarrollo e implantación de los servicios que atendían el interés público.

Ante los graves problemas que han estado teniendo los gobiernos en proveer servicios de calidad a los ciudadanos, como lo vemos actualmente en Puerto Rico con la educación, la salud, los servicios de agua y luz, se comenzó a plantear que el gobierno solo no podía manejar efectivamente esta tarea. En los años 1980 y 1990, se comenzó a delegar a empresas privadas la implantación de algunos de los servicios del gobierno.

En la última década ha ido surgiendo, tanto en teoría, como en la práctica, un esfuerzo por desarrollar nuevas estrategias para la implantación de los servicios de interés público. Se acepta que el gobierno tiene un papel importante en garantizar los valores en la esfera pública, pero se reconoce que no tiene el monopolio del servicio público.

De hecho, proponentes de las nuevas estrategias han argumentado que el limitar el interés público a la acción del Estado, y no con la esfera pública más amplia, se ha utilizado como una estrategia retórica para proteger los intereses de los burócratas y sus organizaciones.

Así, se plantea que definir el interés público no es tarea exclusiva del Estado; el gobierno tiene un papel importante en garantizar el interés público, pero los ciudadanos tienen que evolucionar de ser meros votantes, clientes y recipientes de los servicios públicos a apoyar en la solución de problemas y ser creadores de alternativas que apoyen el interés público.

En esta tarea también se deben integrar las organizaciones sin fines de lucro y las empresas, promover lo que se ha conocido como el “empresarismo social”. El gobierno, entonces, sería catalizador de diálogos inclusivos sobre lo que es el bien común. La ciudadanía, las entidades comunitarias, las organizaciones sin fines de lucro, las empresas, deben integrarse tanto en el proceso de establecer lo que se define como el bien común, como en implantar los servicios para lograrlo.

El gobierno debe, pues, revaluar la idea de que debe ofrecer todos los servicios y transformarse en una organización que coordina diversas iniciativas hacia un bien común. Puede entonces crear alianzas y redes para desarrollar la agenda de trabajo,tanto entre sus propias dependencias, como con la comunidad, entidades sin fines de lucro o con el sector privado.

Por ejemplo, ya el gobierno ha hecho alianzas con empresas sociales, como los Centros Sor Isolina Ferré, PECES, Nuestra Escuela, ASPIRA, que trabajan en forma ejemplar con estudiantes que han tenido problemas en la escuela pública.

Así mismo se podrían hacer alanzas con entidades interesadas en desarrollar talentos especiales, por ejemplo, para mejorar la enseñanza de la danza se podría hacer alianza con iniciativas privadas de interés público, como la Compañía Andanza, Ballet Concierto, entre otras.

De hecho, es preciso que el gobierno repiense su labor como “un Estado benefactor” y comience a transformarse en generador y apoyador de iniciativas, en algunos momentos dirigiendo, en otros colaborando, en otros supervisando y evaluando, en fin creando y guiando el desarrollo de redes que mejoren nuestra calidad de vida.

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