Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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El jamón del sandwich

La demanda que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó el jueves contra la Junta de Supervisión Fiscal llega en un momento de alta vulnerabilidad para los ciudadanos que, sin superar aún los efectos del huracán María, aguardan con nerviosismo otra tormenta, Beryl.

Son malos augurios. Por un lado, la demanda viene enmarcada en un aura de fracaso que intuye la firma “simbólica” del presupuesto de gastos del gobierno, que la Junta reemplazó por otro de su propia confección.

Y por el otro, conocemos sus detalles mientras concentramos nuestra atención en el seguimiento de Beryl, un ciclón prematuro que los meteorólogos pronostican que solo nos empapará, pero al que preferimos mantenerlo muy vigilado, por si acaso.

El País no se recupera todavía de María, nueve meses y medio después. Hasta los que tenemos servicio de electricidad, que es la inmensa mayoría, estamos en riesgo de quedarnos a oscuras nuevamente por sabe Dios cuánto tiempo si a Beryl le da por desviarse un poco y hacernos algo más que mojarnos. El propio Rosselló Nevares admitió que Beryl podría provocar apagones debido a la fragilidad del sistema eléctrico.

Pues en este escenario incierto es que el gobierno decide retar la autoridad de la Junta, que dice que la Ley Promesa le da la razón, y acude ante la jueza federal Laura Taylor Swain en busca de una victoria judicial.

El argumento de Rosselló Nevares es que la política pública la dicta su gobierno, no la Junta y que alterar partidas presupuestarias, como hizo el organsmo, tiene el efecto de interferir con la política pública, que debe entenderse se apoya en el presupuesto que él firmó. El simbólico, hay que recalcar.

La magistrada tiene las manos llenas desde hace meses y añadirle ahora a su agenda el pulseo entre el gobierno y el organismo fiscal creado por el Congreso no debe haberle sentado bien.

Lo peor, si es posible que las cosas puedan empeorar, es el carácter simbólico del presupuesto firmado por Rosselló Nevares.

La Legislatura retó a la Junta aprobando un presupuesto distinto al ordenado por el organismo federal y el gobernador, aunque insatisfecho porque Cámara y Senado dieron al traste con el acuerdo entre él y la Junta Fiscal para derogar la Ley 80 de Despido Injustificado, lo firmó consignando para el récord que lo hacía “simbólicamente”.

Esa coletilla va a ser un argumento en contra de la pretensión de que la jueza Taylor Swain avale su acción porque podría implicar que solo es ilustrativo, no real.

Entonces, vale preguntarle ahora al gobernador si su administración se está rigiendo en este nuevo año fiscal que comenzó el 1 de julio por el presupuesto “simbólico” o por el que aprobó y certificó la Junta. 

La controversia promete. Si Beryl pasa de largo, o se debilita lo suficiente como pronostican los meteorólogos, la semana que viene deberíamos comenzar a ver en blanco y negro los efectos de la pugna presupuestaria.

¿Qué presupuesto estará vigente? ¿De cuánto dinero dispondrá cada agencia para operar? ¿Se podrá disponer de dinero público para asuntos que la Junta no autorizó, como sería el Fondo de Becas Estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico, al que la Legislatura asignó $25 millones y la Junta dejó en cero?

Las interrogantes van a ser muchas y obtener respuestas puede tardar tanto como la jueza decida. Si no despacha prontamente el recurso, como desearía la Junta, habrá que tomar en cuenta los plazos judiciales, la presentación de evidencia, los procesos apelativos.

Mientras tanto, los ciudadanos de a pié como usted y yo, que somos los que pagamos los honorarios de los abogados de ambas partes, seguiremos como el jamón del sandwich. O más bien, como jamonilla untada en pan duro. 

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