José Javier Lamas

Punto de vista

Por José Javier Lamas
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El latín jurídico ante la turbulencia económica del COVID-19

Las personas o compañías que han sido severamente impactadas por el descalabro económico producto del COVID-19, y que no logren recuperarse, podrán acudir al tribunal a solicitar que se modifiquen sus obligaciones contractuales, a largo plazo, si el banco o sus acreedores se niegan a negociar nuevos términos.   

Nuestro ordenamiento jurídico está repleto de latinismos, esas palabras extrañas que escribimos en itálico porque siempre se han usado, y que la mayoría de quienes practicamos el derecho no tenemos idea de lo que quiere decir la mitad de ellas. Pero hay un concepto de nuestro latín jurídico, una de esas palabras bien rebuscadas, casi en desuso, que nos toca desempolvar ante la turbulencia económica que ha desatado el COVID-19 en la isla. Me refiero al elusivo rebus sic stantibus.   

No, no se trata de un hechizo sacado de una película de Harry Potter. El rebus sic stantibus es una doctrina jurídica de equidad que nuestro Tribunal Supremo adoptó hace más de 55 años, tomando elementos prestados del derecho civil de España, Francia, Alemania e Italia para permitir que nuestros tribunales puedan modificar y alterar los términos y condiciones de un contrato y, en algunas instancias, hasta dejarlo sin efecto. Esto, principalmente, cuando ha ocurrido un cambio sustancial en las condiciones materiales que sirvieron de base para que se suscribiera el contrato.  

Así, al amparo de la doctrina del rebus sic stantibus, los tribunales de Puerto Rico pueden suspender temporalmente los efectos de un contrato, revisar el monto de los precios acordados, decretar su suspensión temporal o moratoria e incluso, en casos de grave desigualdad económica sobrevenida, pueden resolverlo y dejarlo sin efecto.  

Lo esencial es que haya ocurrido alguna circunstancia imprevisible que afecte las condiciones económicas de las partes y que, como cuestión de realidad, convierta en imposible el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La parte que solicita la modificación del contrato no puede haber ocasionado el cambio en las circunstancias que impiden el cumplimiento.   

Hace unos años, se argumentó ante el Tribunal Supremo que la crisis económica que comenzó en la isla en 2006 constituía una de esas circunstancias imprevistas excepcionales que debían mover a los tribunales a modificar y eximir el cumplimiento de ciertas obligaciones contractuales. En aquella ocasión, se trataba del pago de un préstamo hipotecario. El tribunal resolvió que la recesión económica era previsible para el comerciante por lo que no aplicó el rebus sic stantibus.  

El COVID-19, e incluso la resaca económica de los huracanes Irma y María, parecen haber cambiado esta realidad. Esta nueva crisis económica, que parece sacada de un cuento del realismo mágico, ha abierto las puertas, de par en par, para replantear en Puerto Rico el rebus sic stantibus. Después de todo, ¿quién va a decir esta vez que una pandemia era previsible?

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