Yanira Reyes Gil

Punto de vista

Por Yanira Reyes Gil
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El mal juicio del presidente Trump

La Constitución norteamericana establece un sistema de democracia representativa en la que la gente participa de manera lejana e infrecuente eligiendo a representantes encargados de la función pública. Seleccionamos cada cuatro años a gobernantes y luego, si no nos salen buenos, solo nos queda esperar que otros u otras realicen la labor de exigir cuentas, y en muy limitadas ocasiones, enjuiciarles.

El proceso último de fiscalización es el juicio político del presidente o gobernante. Mediante este proceso, los cuerpos legislativos ejercen un poder constitucional que es cónsono con la idea de que ninguna de las ramas puede monopolizar el poder. Se deposita en la legislatura la función de llevar a juicio al presidente si ha violentado sus deberes, las leyes, la constitución o abusa de su poder. En el caso de la Constitución de los Estados Unidos, un presidente puede ser removido de su cargo en caso de traición, soborno u “other crimes and misdemeanors”. 

Este proceso es complejo y descansa en la función investigativa de la Cámara de Representantes para acusar y luego en el Senado para enjuiciar. El proceso de residenciamiento se ha activado muy pocas veces en la historia de los Estados Unidos: Andrew Johnson en 1868, Richard Nixon en 1974, Bill Clinton en 1999 y ahora Donald Trump. Ninguno de los casos previos ha terminado en la destitución del presidente. 

El proceso contra Donald Trump tiene algunas semejanzas con los anteriores y una gran diferencia. Los artículos de residenciamiento anunciados el martes 10 de diciembre por el liderato demócrata en la Cámara de Representantes, son muy similares a los que se presentaron contra Nixon en 1974: abuso de poder y obstrucción al poder del Congreso. 

A Clinton también se le acusó de obstrucción, pero se le añadieron dos cargos por perjurio. De manera que coinciden los tres procedimientos en el cargo de obstrucción. A Nixon se le acusó por retrasar, impedir y obstruir la investigación sobre el robo en Watergate. A Clinton se le acusó de obstruir la justicia en un esfuerzo por retrasar, impedir, encubrir y ocultar la existencia de pruebas relacionadas con el caso Jones. 

Trump también es acusado por obstruir, pero la conducta del actual presidente no tiene precedente, según indican los cargos de residenciamiento anunciados el pasado martes. Le acusan de lo que caracterizan como un desafío categórico e indiscriminado al proceso legislativo. El presidente Trump ha decidido no reconocer el poder del Congreso de investigarlo, no participar en su defensa e impedir que oficiales de la rama ejecutiva cumplan las órdenes del Congreso. Y yace ahí la gran diferencia. Hay que cuestionar el buen juicio del presidente. Estamos ante un presidente enajenado que no reconoce la realidad de que su puesto tiene límites. 

Nuestra experiencia acá en Puerto Rico es que los gobernantes se destituyen con la democracia directa en la calle y que el poder legislativo no ejerce su poder hasta las últimas consecuencias. De una forma o de otra, Trump enfrentará su juicio.

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