Benjamín Torres Gotay

LAS COSAS POR SU NOMBRE

Por Benjamín Torres Gotay
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El marciano

El marciano llega, parquea la nave, digamos, en el patio del Morro, estira piernas y brazos, bosteza, va al baño, prende un cigarrillo y, para entender más o menos cómo está la temperatura del sitio al que llegó, ojea un par de periódicos.

Ahí es que se asusta el pobre, porque él vino a pasar unos días cogiendo sol y estudiando, quizás, el asunto ese de las criptomonedas, a ver si hay negocio ahí para Marte, y se encuentra con que aquí parece que estamos en el umbral de un alzamiento popular contra la opresión del imperialismo estadounidense.

Causa gran confusión eso en el marciano porque si una cosa se sabe de Puerto Rico hasta en Marte es que aquí solemos aceptar mansitos casi cualquier cosa que nos llegue desde Estados Unidos.

Nos hemos alzado de frente alguna vez, con Vieques, por ejemplo. Pero, por lo general, salvo contadas excepciones, vamos derechitos y en fila, aunque no pocas veces guiñando ojos o cruzando dedos disimuladamente, que no es raro que en alguna ocasión le hayamos tomado el pelo también al americano.

Ahora, no obstante, está el gobernador Ricardo Rosselló desafiando a la Junta de Supervisión Fiscal, que fue la antidemocrática respuesta del gobierno de Estados Unidos a la crisis fiscal que amenaza la viabilidad de la colonia puertorriqueña.

Al desafiar a la Junta, el gobernador Rosselló desafía al Congreso de Estados Unidos, que tiene poderes prácticamente absolutos sobre Puerto Rico, y al Ejecutivo estadounidense, que firmó la ley Promesa, madre de este revolú.

Hay todavía par de cabos sueltos.

Falta ver si el gobernador tiene o no razón en cuanto a la necesidad de las medidas draconianas exigidas por la Junta, sobre todo la reducción en las pensiones, que son el sustento del que probablemente sea el sector más vulnerable de la sociedad, o la eliminación del bono de Navidad a empleados públicos y privados, entre otras brutales y dolorosas órdenes.

Queda, igual, por dilucidar si el gobernador está ejecutando una representación teatral y en el fondo ya tiene preparada una salida elegante al enfrentamiento o si simplemente, por razones electoreras, está rehuyendo a su responsabilidad para que sea la Junta o los tribunales los que metan el machetazo a las pensiones y a todo lo demás.

Más importante, quizás, será ver si el desafío pasa de palabras y, cuando llegue el momento, cuando el gas pele, se convierte en acciones.

Todo eso, en su momento, se verá con claridad. Hoy, en cambio, lo que el marciano ve con ojos azorados es que quizás por primera vez desde los primeros años del siglo XX el oficialismo puertorriqueño está enfrentando el coloniaje, salvajemente representado en este drama por la ley Promesa, que dejó en manos de gente no electa por nosotros algunas de las determinaciones más importantes de la vida puertorriqueña.

Lo que el marciano (y algún que otro congresista y burócrata estadounidense cuyo conocimiento sobre Puerto Rico es más o menos igual alque hay en Marte) ve es al gobernador diciendo: “No puedo permitir que la Junta se adjudique poderes que no tiene y, mucho menos, cuando pretenden utilizarlos para imponer medidas que afectan negativamente la calidad de vida de nuestro pueblo”. O: “Ellos (la Junta) no han entendido que no pueden atender asuntos de política pública. El plan (fiscal) no va a ser ejecutable si insisten en eso. Ellos pueden ponerlo en el plan fiscal, pero no tienen el poder de ejecutar y no lo vamos a ejecutar”.

El marciano oye también al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, llamando a la Junta, es decir, al Congreso, “enemigos de Puerto Rico”, diciendo que el gobernador les puso fin a sus “pretensiones dictatoriales” y que son “burócratas que teniendo la oportunidad de aportar, nos arrebataban recursos, oportunidades y la igualdad”.

El marciano oyó también al vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora, decir que está dispuesto a ir preso antes de legislar las intenciones de la Junta.

O si va más atrás, el marciano, más confundido cada día, oye al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, decir: “Tenemos que decirle al mundo entero que el poder imperial está oprimiendo a unos ciudadanos americanos aquí”.

Si estas cosas le pican la curiosidad, y el marciano busca periódicos de afuera, puede encontrarse a Pedro Rosselló, líder de la Comisión de la Igualdad que quiere convencer a Washington de que admita a Puerto Rico como estado, diciendo en columnas de medios de afuera que Estados Unidos gobierna de manera “imperial y colonial” en Puerto Rico y otros territorios.

El marciano no lo nota, porque le falta el contexto, pero todos los demás que vivimos aquí encontramos suculentamente irónico que, de momento, como habiendo vivido una epifanía, el anexionismo se haya apropiado de la retórica de la izquierda, al echar mano de vocablos como “dictatorial”, “opresivo” e “imperial”, refiriéndose, no a Cuba ni a Venezuela, sino a un organismo del Congreso de Estados Unidos, el mismo al que dentro de poco se supone que le pidan la entrada de Puerto Rico como el estado 51 de ese país.

Se ha complicado mucho el cuento.

Las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos son hace unos años un puente colgante cuyas sogas, desgastadas por el tiempo y por la indiferencia, dan a menudo la impresión de que están a punto de romperse, haciéndonos caer al vacío. Nos parecemos cada vez más a esos matrimonios viejos que ya no se soportan, pero siguen juntos por mera costumbre o porque consideran que “pa’ lo que falta, que venga el resto”.

Se viene viendo por años en la negativa de Washington a dar un trato contributivo especial a la isla tras la eliminación de la Sección 936 y el brutal golpe que eso dio a nuestra economía.

Se vio con la negativa a tomar en cuenta el resultado de la consulta de status de 2012, que puede interpretarse como que la ganó la estadidad.

Volvió a quedar claro cuando la crisis fiscal nos ahogó y la única respuesta de Washington fue quitarse la máscara de potencia colonial que había intentado disimular desde 1952, dejándonos sin el limitado grado de autogobierno que teníamos desde entonces.

Nos abofeteó esta realidad con la fría respuesta de Estados Unidos cuando el huracán María nos partió la isla y nos dejó en el mayor grado de vulnerabilidad que hayamos enfrentado en décadas.

Se vio con el trato distinto, evidenciado estadísticamente en reportajes publicados la semana pasada en El Nuevo Día y en la revista estadounidense Politico. Se vio cuando el Congreso aprobó la reforma contributiva de Donald Trump sin tomar en cuenta, por más que se le advirtió, el efecto que se advirtió que va a tener en nuestra economía.

Se ve todos los días con la desconfianza y el desdén de Washington hacia Puerto Rico, con todas las trabas que nos están poniendo para acceder a la asistencia, con el trato de jurisdicción de alto riesgo al que nos están sometiendo, sin que se nos haya hecho tal designación. Se ve cuando uno nota que la consulta de status de junio del año pasado, que el Partido Nuevo Progresista (PNP) alega en Washington que arrojó un resultado de 97% a favor de la estadidad, no ha movido ni una hoja de árbol en la capital estadounidense.

El enfrentamiento por las medidas de la Junta, que venía cuajándose el año pasado hasta que María lo interrumpió, es el último capítulo de esta historia de desencuentros ya demasiado larga y evidente. Jamás imaginó el marciano, ni, valga decirlo, la mayoría de nosotros que iba a ser desde el Partido Nuevo Progresista (PNP) que se iba a responder fuego con fuego.

Si el marciano no se asusta y le da manigueta a la nave para prenderla y volver corriendo a Marte, va a ver, en muy pocos días, junto a nosotros, el desenlace de este drama. ¿Aguantará la presión el PNP? ¿Quién apuesta?

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