Gerardo A. Carlo-Altieri

Punto de vista

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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El nuevo Plan Fiscal del gobierno

El Plan Fiscal sometido por el gobierno de Puerto Rico para cumplir con el requerimiento de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) este pasado domingo parece una novela de ciencia ficción.  

El gobierno se ha visto obligado a producir un estudio supuestamente objetivo y científico sobre los efectos económicos del COVID-19, asunto que resulta “altamente incierto”, una frase continuamente repetida en el documento. La inseguridad surge por el desconocimiento médico, la posibilidad de resurgimiento de la epidemia y sus efectos sobre los sectores económicos más afectados. 

La única razón que tuvo la JSF para requerir un nuevo plan fiscal en medio de tanta incertidumbre es que el mismo constituye la base del presupuesto de gobierno requerido para el 30 de junio de 2020. Y que ambos documentos certificados por la JSF, con o sin la aprobación del gobierno, se utilizarán para redactar el Plan de Ajuste de Deuda bajo la ley Promesa, cuya aprobación la JSF ha querido impulsar en este año.  Además, la JSF quiere mantener los términos del Plan Support Agreement (PSA) firmado con la mayoría de los bonistas del gobierno.

El gobierno propone un plan sin austeridad ni recortes de pensiones, con pocas reformas fiscales y ningún repago a bonistas, aun cuando aparecen al 31 de diciembre de 2019 unos $13.1 mil millones depositados en 527 cuentas, de los cuales $10.3 mil millones estaban sin restricción (Disclosure Statement, 02/28/20, pág. 109-110). 

En términos de predicción económica, el plan sometido estima los daños económicos directos del COVID-19 en $ 0.8 mil millones para el año fiscal 2020, $5.8 mil millones para el 2021 y una contracción del GNP para el año corriente de 3.6% y de 7.8% en 2021.

Los factores que afectan la economía incluyen una baja en recaudaciones debido al cierre de negocios y la posposición del cobro de contribuciones como alivio al contribuyente. Y, aunque los programas federales de estímulo deben ayudar, los mismos no compensarán la totalidad de los daños. 

A la vez, la Reserva Federal Reserve ha tomado pasos agresivos, incluso la reducción de intereses y la compra de activos. Sin embargo, se excluye a Puerto Rico del fondo de liquidez municipal (MLF). 

Por otro lado, la isla se incluye en la orden de emergencia nacional (Stafford Act), mediante la cual participa de un fondo para servicios de salud de $8.3 mil millones y fondos asignados bajo el Cares Act de $2.7 mil millones. 

El impacto total del estímulo federal y local para Puerto Rico de $12.8 billones (“Stimulus Impact Microeconomic Forecast”, pág. 44), incluye $3 mil millones en pagos a residentes, $2.2 mil millones a municipios y $3.9 en desempleo (incluyendo a cuentapropistas), extendido a 39 semanas con un incremento de $600 semanales.  

Esto incluye los pagos de $1,200 por persona ($2,400 por matrimonio), $600 por dependiente y la participación en un fondo de $3 mil millones para municipios territoriales a distribuirse en proporción poblacional. 

El hecho de que la crisis del COVID-19 es nacional implica que la participación de la isla en los fondos federales tenga pocas excepciones, pero esto no impide que la burocracia y la política (tanto local como federal) dominen en la distribución de los dineros. 

El primer error fue delegar a la industria bancaria la distribución de préstamos (SBA-PPP) que favorecieron a sus clientes, lucrándose del proceso por la incompetmencia de los reguladores gubernamentales locales y federales. 

El Tesoro federal también ha logrado aguantar la distribución de fondos para las familias, y el Departamento de Trabajo local ha sido incapaz de procesar los pagos por desempleo, que deberían salir de forma automática. 

Parece obvio que la burocracia local no está preparada para planificar y distribuir una cantidad de fondos y programas federales tan complicada en un espacio de tiempo tan corto. 

Por lo tanto, el gobierno tendrá que contratar empresas privadas de consultoría especializadas, locales o extranjeras, para diseñar y ejecutar estas labores cruciales.  

El pueblo no espera menos de sus líderes. 


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