Luis Toro Goyco

Punto de vista

Por Luis Toro Goyco
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El nuevo Puerto Rico frente a las viejas estructuras

La renuncia de Ricardo Rosselló Nevares a la gobernación de Puerto Rico, forzada por amplios sectores de nuestro país, ratificó una vez más que el poder político del gobierno en nuestra tierra emana del pueblo y tiene que ejercerse conforme a su voluntad. Esos sectores despidieron a Rosselló por negligencia crasa en el cumplimiento de los deberes de su cargo, por la tolerancia, si no el estímulo, a la corrupción rampante y la falta de respeto a los más altos valores de nuestro pueblo y sus instituciones, en concurso con sus más cercanos asesores y colaboradores. Su acción fue firme y contundente: renuncia, no vamos a tolerar esa conducta. 

A pesar de la claridad y contundencia del mensaje, amigos y correligionarios de Rosselló no lo oyeron o se hicieron los sordos, y si oyeron no entendieron la contundencia del mensaje ni la determinación del pueblo a imponer su cumplimiento. Borrachos de poder y mareados por la impunidad, tan pronto este abandonó el cargo se lanzaron a la usurpación de la gobernación en abierta violación de los más elementales principios democráticos. Pero se estrellaron con la fuerza del pueblo que obligó hasta a los más cercanos colaboradores de aquellos a cumplir con su mandato.

Cuando nuestro pueblo ocupó las calles y plazas del país, no solo exigió la renuncia de Rosselló, sino, además, extirpar de raíz todo vestigio de corrupción gubernamental. Pero la misma disposición que nos permitió desahuciar al usurpador, le concedió a la misma administración corrupta retenerla mediante quien había rehusado procesarlos. Pedro y Wanda fueron nombrados por el mismo desacreditado y corrupto que obligamos a renunciar. 

La Constitución de Puerto Rico, aunque colonial, en muchas instancias le ha servido bien a la sociedad puertorriqueña, particularmente por su carta de derechos. Sin embargo, con el paso del tiempo muchas de sus disposiciones han advenido anacrónicas y no nos permiten resolver situaciones y problemas que los constituyentes no vislumbraron o no podían vislumbrar que surgieran en su tiempo. Tal es el caso de la disposición sobre el tracto sucesorio de la gobernación. Por tal razón, nuestra Constitución necesita de una profunda transformación que incluya un cambio trascendental en la relación política entre el pueblo y su Gobierno, y entre Puerto Rico y Estados Unidos, para atemperarla a las nuevas realidades y necesidades de nuestro tiempo. Si bien es imprescindible adecentar de arriba abajo la administración gubernamental, no es menos necesario que las viejas instituciones y estructuras deben dar paso a otras nuevas. De lo contrario no saldremos del atolladero.

La propia Constitución provee dos formas de enmendarla en su artículo VII. En su Sección 1 dicho artículo dispone que la Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a la misma mediante resolución concurrente que se apruebe por los menos por dos terceras partes de los integrantesde cada cámara. Toda proposición se hará a los electores capacitados mediante referéndum especial. Cada proposición de enmienda se votará separadamente y en ningún caso se podrán someter más de tres proposiciones de enmienda en un mismo referéndum.  En la Sección 2, se dispone que la legislatura podrá, mediante resolución concurrente aprobada por dos terceras partes de sus miembros, consultar a los electores capacitados si desean que se convoque a una Convención Constituyente para hacer una revisión de la Constitución. La consulta se hará mediante referéndum el mismo día de las elecciones generales.

Sin embargo, en la Sección 3 se dispone que ninguna enmienda podrá alterar la forma republicana de gobierno que por ella se establece, ni abolir la Carta de Derechos y que cualquier enmienda o revisión tiene que ser compatible con la resolución aprobada por el Congreso de Estados Unidos aprobándola, con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico, y con la Ley Pública 600 del 81mo. Congreso, adoptada “con el carácter de un convenio”.  En fin, podemos concluir que mediante este tipo de enmiendas se puede mejorar la Constitución, pero no es posible transformar el estatus de Puerto Rico.  Cabría incluso la posibilidad de que el Congreso optara por eliminar o alterar lo que hubiéramos acordado mediante cualquiera de esas dos opciones, como ocurrió cuando se aprobó originalmente.

Existen, no obstante, otras dos formas de revisar y enmendar la Constitución de Puerto Rico, mediante las cuales sí se puede transformar la relación política, a saber: (1) mediante una Asamblea Constitucional de Estatus de conformidad con el inciso (e) del tercer por cuanto de la Resolución 23 de la Asamblea Constituyente de 1952, en la que ésta se reservó el derecho de solicitar la revisión de la relación política con los Estados Unidos, o (2) mediante una Asamblea Constituyente, en la que el pueblo de Puerto Rico unilateralmente se declare soberano y no sujeto al poder del Congreso norteamericano.

La primera conlleva un proceso de negociación con las autoridades de los Estados Unidos, sobre fórmulas no coloniales no territoriales, los resultados del cual tienen que ser sometidos al escrutinio del pueblo y debe ser seguido por una Asamblea Constituyente, para la redacción de la Constitución que entendamos pertinente.  La segunda conlleva una acción unilateral del pueblo de Puerto Rico, que redactaría su Constitución y reclamaría de Estados Unidos la negociación de un tratado en términos de igualdad. 

Entiendo que lo que más conviene a nuestro pueblo en este momento es una combinación de la enmienda contemplada por la Sección 1 del Artículo VII antes citada, y una Asamblea Constitucional de Estatus.  Para ello se impone la necesidad de iniciar en este momento a todo lo largo y ancho de nuestro país, por todos los medios disponibles, un diálogo amplio y abierto al respecto y que luego: ¡El Pueblo Decida! 

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