Mariely López Santana

Tribuna Invitada

Por Mariely López Santana
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El nuevo reto de PAN y trabajo

El gobernador Ricardo Rosselló anunció que desarrollará una regulación que obligaría a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a incorporarse a la fuerza laboral de la isla. La medida está dirigida mayormente a los clientes de 19 a 45 años hábiles para trabajar -esto representaría entre un 50 a 60% de las 1.2 millones de personas que son beneficiarias del PAN en el país. Según Rosselló, la tasa de empleo debe alcanzar el 50% en cinco años.

Este tipo de política social no es nueva ya que desde finales de los años 80 democracias post-industriales han implantado políticas de “activación” (activation) o “welfare to work”. En el caso de los Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan experimentó con este tipo de políticas y luego el presidente Bill Clinton implementó a nivel federal el paradigma de workfare (un término que combina las palabras work y welfare). Existe bastante evidencia sobre los efectos (negativos y positivos) de este tipo de intervención en la vida de los beneficiarios y en el mercado de trabajo alrededor del mundo.

Una de las historias más exitosas es el caso de Dinamarca, el país con la tasa más alta de empleo en Europa (65% en enero 2018). Sin embargo, la experiencia de este país ha sido difícil de replicar ya que la implantación del paradigma de activación requiere muchos elementos que son inexistentes en otros países, como un mercado de trabajo con empleos de calidad, un sistema generoso de prestaciones sociales, un sector privado que fomente la innovación, y organizaciones sociales que representen la mayoría de los sectores de la fuerza laboral, incluyendo los desempleados.

Otro elemento que es necesario para la implantación de workfare es la presencia de empresas privadas que provean servicios que faciliten la transición al mundo del trabajo. Estas incluyen la preparación de resumes, adiestramiento, y la colocación (el placement como se conoce en inglés). En países en donde domina el paradigma neo-liberal, la inclusión del sector privado en la ecuación puede ser contraproducente ya que el mayor incentivo de estas agencias es generar ganancias. Esto quiere decir que los servicios provistos no necesariamente corresponden a la relación entre las necesidades de los beneficiarios y las características del mercado de trabajo.

El caso de Estado Unidos ilustra uno de los mayores efectos de estas políticas punitivas—la disminución radical de beneficiarios. Por ejemplo, según el Center on Budget and Policy Priorities, en 1996, 68 de cada 100 familias en la pobreza se beneficiaban del Programa Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (mejor conocido como TANF por sus siglas en inglés). En 2016, solo 23 familias de cada 100 se beneficiaban de este programa. Actualmente, menos de un millón de personas en EE.UU. reciben las ayudas de TANF.

Para aquellos sectores que criminalizan la pobreza, los beneficiarios son “mantenidos” por el estado. Por lo tanto, la disminución en la tasa de beneficiados representó una victoria ya que “los ‘vagos’ se convirtieron en miembros productivos de nuestra sociedad”. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de esta población dejó de recibir los beneficios del TANF y a consecuencia de esto los niveles de desigualdad, pobreza extrema (especialmente entre los niños y las mujeres), trastornos psicológicos y las manifestaciones de conductas adictivas han aumentado en los Estados Unidos.

En el caso de Puerto Rico la situación es más crítica. En un momento histórico en que el nivel de desempleo es exorbitante, ¿quién proveerá estos trabajos? Por ejemplo, el Secretario de Trabajo, Carlos Saavedra, no pudo determinar si se crearán estas oportunidades de trabajo en los próximos 5 años. Claramente no será el estado pues la era de “big government” es cosa del pasado, pero se rumora que los beneficiarios podrán trabajar como voluntarios en organizaciones sin fines de lucro.

Queda claro que estas reformas van mano a mano con otras políticas de corte neo-liberal que pretenden disminuir la centralidad del estado en el mercado y en las vidas de la población puertorriqueña. En este momento no pretendo discutir los efectos positivos o negativos de este tipo de ideología (que ha sido fomentada, por ejemplo, por la Junta de Control Fiscal) pero es importante reiterar que actualmente el modelo de “welfare to work” no es sostenible en Puerto Rico dado el momento histórico y el estado del mercado laboral, de las instituciones, y de las políticas públicas. El discurso del “workfare” está basado en la lógica de la cultura de la pobreza; pero el problema real no es la “cultura de los pobres” es que la isla carece de muchos de los elementos necesarios, incluyendo un sistema educativo innovador, un mercado laboral saludable, y un modelo de producción viable, que fomente la movilidad y la inclusión social.

Los efectos de esta reforma podrían ser nefastos y contraproducentes ya que tienen el potencial de aumentar los niveles de pobreza y generar un sinnúmero de males sociales en más de medio millón de puertorriqueños. De esta manera, debemos reflexionar acerca de la viabilidad y los efectos a largo plazo de este tipo de políticas públicas en el contexto de la reconstrucción y la crisis fiscal. Además, debemos preguntarnos ¿cual debería ser el rol del estado en fomentar la creación de empleos de calidad que promuevan la innovación y la sostenibilidad? Las contestaciones a estas preguntas (o la falta de reflexión) tienen el potencial de determinar el futuro económico y social de miles de puertorriqueños.

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