Juan Lara

Punto de vista

Por Juan Lara
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El nuevo sistema de pensiones

Con un retraso de casi 20 años, el gobierno de Puerto Rico por fin está poniendo en orden el sistema de retiro de unos 110,000 empleados gubernamentales. Está ya listo para entrar en vigor el Plan 106, así llamado porque se basa en la Ley 106 del año 2017, la cual esclarece el estatus de las cuentas individuales para el retiro de los empleados del gobierno, los municipios y las corporaciones públicas que entraron al servicio público a partir del año 2014.

El nuevo plan es uno de contribución definida, en lugar de ser un esquema de beneficio definido, como lo era el que existía antes de que quedara insolvente el antiguo sistema de pensiones gubernamentales. En un esquema de beneficio definido, todos los participantes contribuyen a un fondo, al cual aporta también el patrono, y de ese fondo se pagan pensiones cuyo monto está establecido antes de la jubilación.

Por el contrario, en un plan de contribución definida no se tiene certeza de cuáles serán los recursos financieros disponibles para el retiro, ya que los mismos dependen de cuánto se acumule en la cuenta de cada trabajador individual. El plan de contribución definida es uno de ahorro individual, mientras que el de beneficio definido era uno de ahorro colectivo y solidario.

En las últimas décadas, los planes de beneficio definido han enfrentado graves problemas en muchos países, lo cual ha provocado una tendencia global a sustituirlos con sistemas de contribución definida. Por lo tanto, la experiencia de Puerto Rico no es excepcional, sino más bien compartida con la de muchas otras sociedades.

Si cada empleado aporta anualmente una fracción considerable de su sueldo a la cuenta de inversión, con una aportación adicional del gobierno, el rendimiento acumulado de ese ahorro a lo largo de 30 años puede ser una suma considerable. Por supuesto, para asegurar el bienestar de los trabajadores cubiertos por el nuevo sistema, es necesario que haya una gestión eficiente y prudente de las inversiones que se realicen con los fondos de estas cuentas individuales, de manera que se maximice su rendimiento.

En el Plan 106, la gestión de inversión de los fondos se le confía a una empresa privada especializada en el manejo de este tipo de planes. Se supone que comenzando próximamente los trabajadores cubiertos van a tener acceso electrónico a sus cuentas, lo cual les permitirá darles seguimiento a sus ahorros a través de su vida laboral. Esto es indispensable para que las personas puedan hacer una buena planificación de sus finanzas personales.

Hasta la aprobación de la Ley 106, los ahorros de los empleados públicos cubiertos por el llamado Sistema 2000, creado hace casi 20 años, iban a parar a un agujero negro, en lugar de a las cuentas individuales que se supone que tuviera cada trabajador. Esos ahorros estuvieron a punto de perderse, y fue necesaria la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que el gobierno se comprometiera a restituirlos.

Ahora se abre un mundo nuevo para estos empleados públicos, la mayoría de los cuales tienen casi toda su carrera de servicio todavía por delante. Es deseable que se les oriente y se les eduque sobre las opciones de inversión que tienen ante sí y sobre cómo darle seguimiento al patrimonio que van acumulando para sus años de descanso en el futuro. La angustia que han vivido muchos trabajadores por la insolvencia de los sistemas de pensiones no debe repetirse para la actual generación de servidores públicos activos. Esta ley debe ser un paso en esa dirección.

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