José R. Nadal Power

Tribuna Invitada

Por José R. Nadal Power
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El origen de la crisis

Ante los reclamos legítimos recientes de que se permita auditar la deuda pública de Puerto Rico resulta fundamental repasar dónde y cuándo se origina la crisis fiscal que hoy afecta la vida de todos los que aquí vivimos. Para lograr este objetivo resulta fundamental recurrir a datos fiscales y económicos objetivos y evitar la retórica política, muy propensa a los mitos y a buscar chivos expiatorios, en la discusión.

La situación económica del Estado Libre Asociado, aunque no perfecta, mantuvo un rumbo generalmente positivo hasta la primera década del Siglo XXI. En 1996 el Congreso de los EE.UU., presionado por diversos sectores políticos y económicos dentro de dicho país, decide aprobar la eliminación de los principales inventivos fiscales (sección 936) que desde el gobierno federal se ofrecían para estimular la inversión de capital y la atracción de industrias de manufactura en la isla, dominadas ya desde la década de 1980 por la industria farmacéutica. Nunca nos preparamos para tal escenario. La eliminación de los incentivos se llevó a cabo por etapas, hasta su desaparición total en el 2006. Es en dicho año cuando comienzan los verdaderos problemas para Puerto Rico.  

La eliminación de los referidos incentivos, que contó con la complicidad del entonces Gobernador Pedro Rosselló, evidenciada en su carta de 15 de diciembre de 1995 al Congreso, tuvo efectos inmediatos en la economía de Puerto Rico. En el año 2006 comienza una recesión en la economía que aun hoy no termina. Durante el período de 2006 a 2015 el producto bruto de Puerto Rico se redujo en un 15.5%. El empleo total disminuyó en 264,000, o un 21%.   Esto último provocando, y a la vez reflejando, una pérdida en la población total de la isla de 308,000 personas (de un total inicial de aproximadamente 3.8 millones) entre dichos años, debido a una gran emigración hacia los EE.UU.

Como es natural, dicha baja en la actividad económica, junto al gran éxodo de puertorriqueños hacia los EE.UU., comenzó a provocar estragos en los recaudos y finanzas públicas. Ante la necesidad de financiar los déficits presupuestarios sin recurrir a los odiados impuestos o a peligrosas y antipáticas reducciones en el gasto público, desde principios de la década de 1990 el BGF comenzó a funcionar como alcancía del gobierno, financiando déficits tanto del fondo general como de corporaciones públicas mediante líneas de crédito que no requerían de aprobación legislativa. ¿Luego quién pagaba? Este es el origen de la famosa “deuda extraconstitucional”, cuyo auge comenzó en 1993 bajo la administración Rosselló, con la cual se financiaron los déficits sin que se computase esa deuda para propósitos del límite que la Constitución del ELA establece y crear la apariencia de que todo iba bien con las finanzas del gobierno. En fin, desde la década de 1990 los recaudos nunca fueron suficientes para costear programas como la famosa tarjeta de salud, y diversas obras faraónicas, pero no nos decían nada.

Como consecuencia de la práctica de recurrir a fuentes de financiación para mantener el gasto público, la deuda pública de Puerto Rico, tanto del gobierno como de sus corporaciones públicas y municipios, aumentó en $46,928 millones de dólares en solamente 15 años, llegando a acumularse un total de $71,116 millones para el año 2015, lo cual representa un 69% de su PIB y un 104% de su PNB.

Ahora Puerto Rico, precisamente porque desde hace unos 25 años se dejó de respetar el límite al endeudamiento que se establece en su Constitución, se encuentra en la encrucijada de decidir entre dedicar sus recursos económicos a cumplir íntegramente con los pagos de su deuda constitucional y no constitucional, o forzar una reestructuración de la deuda que permita dirigir recursos financieros a actividades que promuevan el desarrollo económico. Espero, y me propongo unirme al esfuerzo, que el nuevo gobierno opte por el desarrollo económico.

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