Alvin Padilla Babilonia

Punto de vista

Por Alvin Padilla Babilonia
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El originalismo como metodología adjudicativa

El Tribunal Supremo deberá evaluar la constitucionalidad de las enmiendas de 2005 a la Ley 7 de 1952. El alto foro, donde laboré dos de los pasados tres años, se ha caracterizado los últimos diez años por: (1) preferir el originalismo como método de interpretación constitucional, (2) declarar leyes inconstitucionales cuándo entienden que van en contra de la intención de los constituyentes, y (3) seguir la jurisprudencia federal lo más posible.

Aunque otras formas de interpretar la Constitución llegan al mismo resultado, si el Tribunal es consistente consigo mismo no tiene otra opción sino declarar inconstitucional la Ley 7.

En el 2015, el juez Rafael Martínez Torres escribió un artículo en el que defendió el originalismo como metodología adjudicativa. El originalismo es una teoría donde las palabras se interpretan según el significado que las palabras tenían cuando se aprobó la Constitución. Su máximo exponente fue el juez Antonin Scalia, de la Corte Suprema de EE.UU., a quién Martínez Torres persigue emular. Para Martínez Torres y Scalia el originalismo es la única teoría que es compatible con la democracia. Esta visión fue adoptada por el Tribunal en casos como Com. CNP v. CEE.

Para fundamentar cualquier interpretación original el Tribunal en muchas ocasiones acude al Diario de Sesiones de la Convención Constituyente. Esto es común cuando el Tribunal debe revisar la constitucionalidad de una ley. Este mismo año el Tribunal examinó la constitucionalidad de la colegiación compulsoria de los mecánicos automotrices. En una opinión escrita por la jueza Mildred Pabón Charneco se resaltó que la “intención de los constituyentes” era reconocer plenamente el derecho de asociación. Acto seguido, citó el debate de la Convención Constituyente. Si el Tribunal nuevamente acude a esta interpretación original deberá declarar inconstitucional la Ley 7, según discutí en mi columna del 3 de agosto.

Finalmente, ahora el Tribunal presta más atención a cómo la Corte Suprema de Estados Unidos ha interpretado la Constitución federal, incluso cuando se trata de cláusulas donde no es obligatorio seguir esa jurisprudencia. Interesantemente, en el caso más reciente sobre los nombramientos de receso, NLRB v. Noel Canning, la Corte Suprema optó por limitar considerablemente el poder de nombramiento en receso del Presidente, el cuál surge de una cláusula idéntica a la nuestra. Aunque todos los jueces coincidieron en invalidar los nombramientos de receso, Scalia—el mismo de la teoría originalista—hubiera aprovechado la ocasión “para afirmar la primacía de los principios perdurables de la Constitución sobre la política del momento”. En ambos casos el principio perdurable en controversia es la separación de poderes y la facultad que tiene el Senado en evaluar y confirmar los nombramientos del Ejecutivo.

El Tribunal Supremo debe ahora asumir su responsabilidad de reafirmar los principios perdurables por encima de la política del momento. Nadie debe gobernarnos sin ser electo por la ciudadanía o, al menos, por nuestros representantes en la Asamblea Legislativa, según exige la Constitución. La política del momento y el llamado a la “estabilidad” no pueden estar por encima de aquellos principios constitucionales que procuran posibilitar, aún con sus limitaciones, nuestra capacidad de auto gobernarnos.


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