Julio Fontanet

Punto de vista

Por Julio Fontanet
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El otoño de Donald Trump

Uno de los beneficios agregados del verano de 2019 en Puerto Rico ha sido el entendimiento por parte de nuestro pueblo del proceso de residenciar a un gobernador, así como de la facultad de la Asamblea Legislativa para ello. Ello propició que muchas personas leyeran por primera vez nuestra Constitución para comprender lo que estaba sucediendo. La experiencia vivida por todos hace escasamente dos meses nos permite comprender la situación tan delicada en la que se encuentra —nuevamente— el presidente Donald Trump, así como la inminencia del comienzo del proceso de su residenciamiento.

La percepción de la mayoría de los estadounidenses con algún grado de sensatez es lo desafortunada que ha sido la gestión de Trump. Su conducta oficial y personal les ha causado vergüenza. En lo oficial, las relaciones internacionales con líderes de países aliados se han debilitado; y con los no aliados la posibilidad de identificar áreas de consenso y negociación se ha esfumado. En lo personal, los insultos a sus opositores, sus mentiras constantes, su conducta sexista y su afán de lucrarse de la presidencia han aumentado significativamente su situación de vulnerabilidad.

Para analizar lo que puede acontecer luego de la investigación que ha ordenado en la Cámara de Representantes la Speaker Nancy Pelosi —como secuela de la divulgación de la conversación entre Trump y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania— es imperativo deslindar lo político de lo legal.

Desde el punto de vista legal, el asunto es fácil de comprender y de adjudicar. La conducta de Trump y la de personas cercanas a él (según plasmada en el informe Mueller sobre la colusión entre miembros de su comité de campaña y una nación extranjera) ya constituía base suficiente para residenciarlo. A esto se unen ahora la queja de un soplón (“whistleblower”) y la trascripción de una llamada telefónica entre Trump y Zelensky en la que el primero le pide al segundo que investigue al hijo de su principal contrincante político.

Es evidente que, desde una óptica legal, la Cámara de Representantes debería autorizar la presentación de acusaciones contra el presidente, lo que solo requiere el voto de la mayoría de sus integrantes. También resulta obvio que existen pruebas suficientes para que sea encontrado culpable en el juicio político que se celebraría en el Senado, pero que requiere dos terceras del voto de sus miembros. No debe existir duda de que los fundamentos para residenciar a Trump son muy superiores a los que se pretendían presentar contra Richard Nixon.

El aspecto político, empero, es más complejo. A algunos demócratas les preocupa que Trump se proyecte como una víctima de persecución política, que ello avive a sus seguidores y fortalezca lo que en estos momentos es una candidatura muy frágil. Los republicanos tienen que estar sopesando su lealtad a su presidente y cómo su inacción o su apoyo a este puede debilitar al Partido Republicano en las próximas elecciones o, inclusive, sus propias candidaturas en los respectivos estados.

Es lamentable que en un asunto de esta trascendencia —que todo el planeta está mirando— lo político prime sobre lo legal. Es como si se dijera: “Hacer lo correcto no es lo más importante; es secundario al beneficio político que se pueda obtener”. Por otro lado, los políticos no deberían menospreciar a sus electores, quienes, a pesar de estar afiliados a determinado partido y compartir algunas propuestas de Trump, en ocasiones pueden distinguir la paja del grano. ¿No fue esa la lección con Nixon? Claro, hay que reconocer que para entonces no existía Fox News.

Independientemente de la robustez de las alegaciones y de la prueba contra Trump, el desenlace final dependerá de una de dos: que los congresistas cumplan con su deber ministerial o que actúen conforme a las encuestas.

No les vendría mal mirar hacia este país, que Trump tanto detesta, y aprender de los boricuas y de nuestro verano de 2019.

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