Luis A. Zayas García

Tribuna Invitada

Por Luis A. Zayas García
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El peligro de las contribuciones municipales

Las nuevas imposiciones contributivas por los municipios pueden tener un efecto adverso. Un alza en la tasa impositiva mal concebida podría reducir los recaudos con los que cuentan, ya que afectará la actividad productiva, mermando el desarrollo de propiedades en su zona, minando la viabilidad de establecer comercios, provocando el posible cierre de negocios y encareciendo el costo de vida, lo que promovería más migración.

Recién se aprobaron ordenanzas municipales en San Lorenzo y Caguas que imponen el cobro de un arbitrio o aportación empresarial municipal utilizando como base para la imposición el volumen de ventas brutas de los negocios, similar a la patente municipal.

Entendemos que la imposición de contribuciones municipales adicionales objeto de esas ordenanzas violan ciertas disposiciones de la Ley de Patentes Municipales (LPM), que establece los tipos contributivos o tasa máxima a ser impuesta y cobrada sobre el volumen de negocio que genere un comercio en un año. La LPM dispone que en el caso de negocios financieros (entiéndase banca, financieras o casas de corretaje) el tipo contributivo máximo será de 1.5%. Mientras, para otros negocios como restaurantes, tiendas por departamentos, industrias de manufactura o concesionarios de automóviles será de 0.5%.

En lugar de contar con una base impositiva independiente, las contribuciones municipales de San Lorenzo y Caguas se computan tomando como base, directa o indirectamente, el volumen de ventas brutas del negocio que estuvo sujeto al pago de patente municipal. Como ambos municipios imponen patente municipal a las tasas máximas dispuestas en la LPM, esto resulta en un alza disfrazada del tipo máximo de patente municipal que la Legislatura autorizó.

La Fundación del Colegio de CPA ha publicado el “Estudio para Evaluar la Estructura Municipal” que incluye una radiografía clara del cuadro municipal y cuáles son las prioridades a atender para mejorar. En el estudio se presentan áreas de oportunidad donde los ahorros municipales podrían ser de hasta $474 millones al año. A base de tales hallazgos, consideramos que la imposición de impuestos adicionales a comerciantes no debe ocurrir sin que antes se atiendan todas las posibles oportunidades de ahorro y eficiencia. El estudio establece que es básico que los municipios, antes de considerar nuevas imposiciones, procuren reducir gastos, particularmente los administrativos, atender el problema de cuentas por cobrar prevalecientes en el Código de Rentas Internas Municipal (CRIM), mejorar la captación de las contribuciones e imposiciones actuales, regionalizar servicios, fomentar consorcios que promuevan de manera evidenciable la eficiencia operacional, así como establecer métricas de eficiencia y calidad de servicio que hagan posible una rendición de cuentas más efectiva. El estudio está disponible en www.colegiocpa.com

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