Derdlim Rodríguez

Punto de vista

Por Derdlim Rodríguez
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¿El plebiscito: un placebo en año eleccionario?

Entre súplicas que no se escuchan y la aprobación de placebos para contentarnos, olvidamos la vital importancia de conocer la historia y, en consecuencia, a los que tiran de las cuerdas. Los plebiscitos no obligan al Congreso de Estados Unidos. Como resultado, se ha argumentado que los plebiscitos celebrados intensifican la cruda presencia colonial. ¿Puede haber un plebiscito jurídicamente válido y útil cuando los colonizados están bajo el mandato del colonizador? Hoy, más que nunca, la libre voluntad del pueblo puertorriqueño se encuentra sometida al poder imperial estadounidense. ¿Por qué?

El primer gobernador electo de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, una vez dijo: “usted sabe, por supuesto, que si el pueblo de Puerto Rico se volviera loco, el Congreso podría siempre salirle al paso y legislar en su contra”. En el 2016, el Congreso así lo hizo. Legisló para, e impuso a, Puerto Rico la ley Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, o Promesa, por sus siglas en inglés. Así, el Congreso, a través de una Junta de Supervisión Fiscal, ha continuado tirando de las cuerdas bajo el concepto de territorio no incorporado, justificado por la maleable interpretación histórica que se le ha dado a la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias?

Sube el telón; un gobierno puertorriqueño constituido bajo una autonomía subordinada. Baja el telón y sube el telón; ahora tenemos una ley federal, impuesta a Puerto Rico por el Congreso de Estados Unidos. En ese mismo acto, el Congreso creó y dotó de amplios poderes a la Junta de Supervisión Fiscal, compuesta por personas no electas por el pueblo. Baja el telón, sube el telón; y Promesa, expresamente, dispuso que el gobernador o gobernadora de Puerto Rico es un miembro de la Junta de Supervisión Fiscal sin derecho al voto. Baja el telón y sube el telón, ahora el colonizado es obligado a pagar por el coloniaje. Así, Promesa, claramente, estableció que la Junta de Supervisión Fiscal debe ser sufragada por el pueblo de Puerto Rico. La obra trata de una ley federal impuesta sobre Puerto Rico, que convirtió el derecho al voto de los puertorriqueños para elegir su gobernador en uno silente ante una Junta de Supervisión Fiscal que debemos pagar los puertorriqueños.

Entonces, si el colonizador está presente en todos los aspectos de la vida social, política y económica del colonizado, ¿cuán libre, realmente, es el colonizado para expresar su voluntad ante un poder tan absoluto? Las próximas elecciones tienen una vertiente de matiz esencialmente simbólica: estaremos votando por un gobernador o gobernadora que, ante la Junta de Supervisión Fiscal, tiene voz, pero no tiene voto. La sección 2 de la Constitución de Puerto Rico establece que “[l]as leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal”.

Ahora se le pide al pueblo puertorriqueño, sometido a Promesa, expresar si favorecen o no la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. ¿Plebiscito o placebo? 

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