Juan Negrón Ocasio

Desde la diáspora

Por Juan Negrón Ocasio
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El plebiscito visto desde Villalba

Estados Unidos de Norte América (EEUU) está compuesto por 50 estados, 9 territorios no organizados, 5 colonias, una de ellas Puerto Rico, 1 distrito federal – Washington, D.C., la capital de la unión, y otros dos administrados por Colombia. Para completar tiene entre 700-800 bases militares alrededor del mundo. El compromiso económico de EEUU es superabundante. Además, dentro del establecimiento democrático comienzan a darse unos cambios políticos, sociales y económicos medulares. El Presidente Donald Trump reta la organización del establecimiento continuamente y no ha logrado establecer lazos diplomáticos con sus correligionarios del Partido Republicano, quienes dominan la Cámara de Representantes y el Congreso. Para finalizar este punto, Mr. Trump, hasta la fecha, se ha interesado en velar por los intereses de los privilegiados. Fe de este dato es la selección del personal de su gabinete y administradores federales en mayoría anglosajones, con la cuasi ausencia de afroamericanos e hispanos.

El plebiscito que presenta el gobernador de Puerto Rico y los legisladores del Partido Nuevo Progresista (estadistas) en conjunto con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) es digno de una reflexión seria y objetiva. Pero antes es imprescindible mencionar que el Partido Popular de Puerto Rico (PPD) no está conforme con la consulta y tiene legítima razón. Pueden buscársele millones de explicaciones, pero la realidad es que cientos de miles de puertorriqueños están afiliados a este partido, y no facilitarle espacio electoral se viola, en sí, un derecho constitucional democrático. Está sobre los hombros de los líderes de esa entidad utilizar una estrategia práctica de neutralizar la consulta. Son estos los únicos que están en la asechanza del plebiscito que se llevará a cabo el 11 de junio de 2017. Realísticamente, en la consulta, desde un punto habilidoso, se le pide a los puertorriqueños que escojan entre estadidad o independencia. La libre asociación es un concepto distorsionado equivalente a independencia en el razonamiento del votante isleño.

Es difícil omitir que la coyuntura con el control ejecutivo y legislativo estadista la consulta plebiscitaria establece una herramienta para lograr la estadidad (si los resultados son favorables). Otra articulación que conmueve al PNP ir a una consulta es el caso Pueblo vs Sánchez (2015) el cual demostró que PR es una colonia. Los estadistas y EEUU lo negaron por décadas. Nótese que los independentistas fueron quienes declararon en foros internacionales y Naciones Unidas que PR es una colonia. Otra circunstancia de la que se apegan los estadistas es el desmoronamiento del sistema económico de PR. Sin consentir que fue bajo la dominación total de EEUU, y que surgió a consecuencias de las administraciones pasadas del mismo PNP. No obstante, de acuerdo a la teoría de los estadistas la causa es que PR es una colonia y no tiene poder legislativo en el Congreso; por lo tanto, no llegan fondos suficientes para cubrir todos los gastos. En las últimas semanas han tomado riendas libertarias para desafiar la Junta Fiscal por ser impuesta y tener gastos exorbitantes. Aunque la iniciativa de implementar una junta fiscal fue del estadista Ex Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi aprobada por el Congreso bajo la Ley HR 5278. El ejecutivo y la mayoría legislativa de PR aprueban el proyecto aprovechando una oportunidad histórica.

Por otro lado, el liderazgo del PIP está esperanzado que se rechace la estadidad porque sería la aniquilación de la nacionalidad puertorriqueña. Dentro de sus estrategias conjeturan que podría surgir un empuje de la insatisfacción de los populares, por lo menos los del ala izquierda, para rechazar la estadidad. Hasta ahora, cree el PIP, con Donald Trump y el Congreso Republicano nada se logrará el plebiscito y EEUU decidirá por una libre asociación que se transitará entre 7-10 años sin que los puertorriqueños pierdan su ciudadanía ni “algunos” beneficios. Además, EEUU tendrá que pagar por deudas o cancelarlas.

Existen otros datos que debieran analizarse con cautela. En el 2000 el Presidente Clinton creó un Grupo de Trabajo Casa Blanca (GTCB) para informar sobre el estatus de PR. En 2003 el Presidente Bush suscribe la Orden Ejecutiva para que se rindiera un informe cada dos años. En el 2005 el primer “Informe” indica dos opciones: estadidad o independencia, y que el Congreso no puede inhibir sus poderes sobre PR como territorio, y señala podría seguir la vía de las Filipinas concediéndole la independencia, o una negociación de un acuerdo de libre asociación como los negociados en Micronesia e Islas Marshall, o podría darse el caso de una determinación unilateral por parte de EEUU. El informe del 2007 reiteró lo mismo del anterior, con la excepción de que los puertorriqueños convoquen un plebiscito con todas las opciones hechas anteriormente. Interesante por demás, la recomendación del Grupo de Trabajo de la en 2011, las opciones permisibles son la estadidad, la independencia, la libre asociación y el Estado Libre Asociado, e incluye otra opción, la Asamblea Constitucional de Estatus.

Hasta la fecha se han realizado cuatro plebiscitos en Puerto Rico. El último en noviembre, 2012. De acuerdo a la Asamblea Legislativa de PR los resultados fueron los siguientes: seguir o no con el mismo estatus, 53.9% NO, 46% SI; Estadidad 44.4%, Estado Libre Asociado Soberano 24.3%, Independencia 0.04%, Papeletas en Blanco 26.5%. El representante de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó que la consulta no estaba definida ni clara. Usando esos resultados y analizando la situación política/económica de Puerto Rico es difícil vaticinar la preferencia de los puertorriqueños.

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