Antonio Quiñones Calderón

Punto de vista

Por Antonio Quiñones Calderón
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El presidente debe pagar

El presidente Donald Trump conoce de sobra los esqueletos que mantiene en secreto en los roperos de la Casa Blanca, acumulados desde el primer día de su investidura en enero de 2017. También de otros que llevó allí procedentes de su anterior trayectoria personal y empresarial. 

Pero seguramente fue a los primeros a que se refirió ante su procurador general Jeff Sessions, antes de despedirlo, desde luego, por no limpiarle al menos uno de sus guardarropas. Consciente de su colección de esqueletos, el presidente sabía que el fiscal especial Robert Mueller, como parte de su pesquisa por la trama rusa -a la que, por ahora, no se le ha vinculado concluyentemente- tenía facultad para indagar en acciones colaterales por parte del presidente e inclusive de algunos de sus principales ayudantes, asesores y abogados. De hecho, la pesquisa periferal de Mueller ha demostrado la culpabilidad de una treintena de allegados a Trump y a referir media docena de casos adicionales a distintas agencias federales de ley y orden.

Por ahora, mientras el Congreso se propone desmenuzar el informe Mueller, el presidente ha prevalecido, sin que se le haya exonerado de obstruir la justicia- que es un cargo criminal grave- incluyendo sus intentos por paralizar la investigación de la trama rusa. ¿Habrán tenido algún efecto salvador en el presidente esos intentos constitutivos de obstrucción de la justicia? El tiempo lo dirá.

Es impactante la afirmación que incluye Mueller en su informe: “Si tenemos confianza después de una investigación exhaustiva de los hechos, de que el presidente claramente no cometió obstrucción a la justicia, lo afirmaríamos. A base de los hechos y las normas legales aplicables, no podemos llegar a ese juicio”.

De lo que no debe haber duda es de que Trump no ha protegido el prestigio de la institución presidencial estadounidense, al incurrir en actuaciones y acciones deleznables e ilegales, que lo ponen en curso de acusaciones, de las que no debería librarse. Aun agarrado a la absurda práctica en boga del Departamento de Justicia de no acusar a un presidente en funciones. El resultado de esa práctica es la permisividad para que, el presente o futuros presidentes, puedan mancillar con toda impunidad la institución de la presidencia.

Seguramente fue martillado por su conciencia -o “la buena conciencia”, al decir de Carlos Fuentes-, que el presidente le reprochó a Sessions, según lo anotó Jody Hunt, ayudante del ex procurador general, presente en una reunión al inicio de la investigación Mueller: “!Oh, Dios! Esto es terrible. Este es el fin de mi presidencia. Estoy j…”. Para entonces mirar hacia Sessions e increparle: “Se suponía que debías protegerme”. El reclamo no era, desde luego, por una protección, sino por un encubrimiento, que no logró con Sessions. Y le costó a este su cargo.

Como ha dicho el presidente del Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes federal, Jerrod Nadler, quien tendría a su cargo un juicio contra Trump, “aún en su forma incompleta, el informe Mueller subraya evidencia perturbadora de que el presidente participó en obstrucción de la justicia y otras conductas indebidas”.

Debe pagar.

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