Hiram Sánchez Martínez

Tribuna Invitada

Por Hiram Sánchez Martínez
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El primero de dos juicios

Leí recientemente en la prensa que el contrainterrogatorio del menor sobreviviente de la matanza de una familia entera de Guaynabo duró cinco horas. Busqué inmediatamente en el texto a qué etapa del proceso se refería y lo encontré: la vista preliminar.

Es decir, que no se estaba celebrando el juicio, aunque lo pareciera. La inversión de tanto tiempo en una vista preliminar da qué pensar al lector incauto, al ciudadano común y corriente que no entiende mucho sobre los procedimientos judiciales y se deja llevar por indicios como ésos.

Esto me hace reflexionar: el número de testigos y la cantidad de tiempo que se invierta en sus interrogatorios y contrainterrogatorios deberían ser algo coherente con la naturaleza y propósito de las vistas preliminares. En ellas no se trata de establecer la culpabilidad del acusado fuera de duda razonable -eso corresponde al juicio-, sino determinar si el fiscal tiene evidencia de que probablemente se cometió un delito y de que probablemente fue el acusado quien lo cometió. Se manejan probabilidades, no certezas probatorias.

¿Por qué entonces vemos frecuentemente que tanto fiscales como defensores asumen esta etapa con las ansias de descargar las mismas habilidades que en un juicio en su fondo? Lo cierto es que la vista preliminar se ha convertido en un ensayo con traje largo para el juicio. Ello, a pesar de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha repetido que la vista preliminar no es un minijuicio; pero ni modo, ha llegado a más.

A los fiscales, les impulsa el temor de que el juez determine que no existe causa probable para acusar al denunciado y que sus superiores o la prensa le atribuyan ese dictamen a su incompetencia o a errores de juicio imperdonables. A los defensores, en cambio, los anima la necesidad de utilizar la vista preliminar como mecanismo de descubrimiento de prueba, ya que en los casos penales -a diferencia de los civiles- no se le pueden tomar deposiciones a los testigos del fiscal.

Un buen abogado de la Sociedad para Asistencia Legal en Carolina me dijo un día: “Juez, lo que pasa es que la vista preliminar es el juicio del pobre”. Explicaba que si el acusado pobre no lograba “ganar” su caso en la vista preliminar, entonces -casi siempre- tenía que declararse culpable en el juicio mediante un acuerdo con fiscalía, sin poder ir a juicio. Y ahí terminaban sus aspiraciones de recibir justicia. Esto es un modo de ver la vista preliminar.

Algunos jueces con quienes he hablado sobre el tema tienen su propia perspectiva: “Si no le doy todas las oportunidades posibles para interrogar y contrainterrogar a un testigo -me han dicho-, me corro el riesgo de que el Tribunal de Apelaciones me revoque y yo haga el ridículo”. Se trata de una lectura expansiva del derecho estatutario -no constitucional- de preguntar y contrainterrogar. El razonamiento detrás de esto es: “Si tiene derecho a preguntar, que pregunte todo lo que quiera, aunque estemos interrogando a este testigo hasta el final de los tiempos”.

Tal vez sea hora de que pensemos también en los derechos de las víctimas y de los testigos, quienes son lanzados a un proceso penal largo y estrésico sin haberlo buscado ni pedido, y que se encuentran a merced de reglas laxamente interpretadas por los litigantes y los jueces.

La vista preliminar es una institución que ya cumplió 40 años de existencia y, aunque bien concebida originalmente, debería ser objeto de revisión. Hace muchos años el Tribunal Supremo tenía la preocupación de que la vista preliminar se convirtiera en un minijuicio, y sucedió. Por eso, la preocupación de hoy debería ser cómo revertirla a una vista de “probabilidades” para que no siga siendo lo que es: el primero de dos juicios en el proceso.

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