Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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El protocolo de la muerte

Lo menos que necesita Puerto Rico, sobre todo cuando comienza otra temporada de huracanes, es que nos embarquemos en una polémica en torno al número real de puertorriqueños fallecidos a consecuencia de María.

Es obvio que la cifra de 4,645 a la que llegaron los investigadores de la prestigiosa Universidad de Harvard no pretende ser un número exacto, así que cuestionar por ello la validez del estudio lo único que logra es mantenernos en el estado de inercia, de ausencia de reacción adecuada, en el que parecen haber caído tantos tras ese fatídico 20 de septiembre de 2017, cuando nos azotó el huracán.

Mucha gente murió –una persona habría sido demasiado—ese día y los días y hasta meses subsiguientes por culpa de la falta de servicio eléctrico, de agua, de alimentos, de generadores, de comunicaciones. En fin, por falta de respuesta a la emergencia.

No murieron necesariamente por los vientos huracanados, ni por las inundaciones. Murieron por las consecuencias de la dejadez que el gobierno insiste en justificar o, cuando menos, de achacar a factores ajenos a su desempeño.

La protección de vidas humanas es responsabilidad prioritaria del gobierno. Y el gobierno incumplió a pesar de que sabía de antemano lo que sucedería.

Antes del huracán, el entonces director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos, estimó que un ciclón nos dejaría sin servicio de electricidad por seis meses. Ocho meses después de María, aún no se ha reenergizado por completo al País y todo el restablecimiento alcanzado es precario, según acaba de admitir el propio gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Eso es lo que tiene que ver con la energización, sin contar todo lo demás, y la temporada de huracanes nos alcanzó sin haberlo resuelto.

Mucho menos se han fijado responsabilidades por el desastre. Y cuando se publica ahora el estudio de Harvard, la reacción gubernamental es defensiva.

El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, de inmediato dijo que no había base científica en el estudio, para el cual, dicho sea de paso, sabemos que el Registro Demográfico se negó a proveer datos sobre las defunciones de 2017, que ahora admiten fueron 2,000 más que el año anterior.

El gobierno mantiene, al día de hoy, la cifra de 64 fallecidos a causa del huracán, casi 4,600 menos que lo que estimó la encuesta de los investigadores de Harvard.

La diferencia abismal ha levantado bandera roja en busca de explicaciones, y el gobernador Rosselló Nevares le dijo el viernes a CNN que lo que ocurre es que se usaron protocolos distintos. O más bien ninguno en el caso del gobierno.

Si grave es que, transcurridos ocho meses del paso de María, comprobemos que miles de puertorriqueños pudieron haber muerto a causa del ciclón, espantosa es la insensibilidad y la falta de respuesta efectiva del gobierno para mitigar una tragedia que ni siquiera está dispuesto a admitir.

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