Julián Claudio Gotay

Tribuna Invitada

Por Julián Claudio Gotay
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El Proyecto senatorial 489 humaniza la justicia juvenil

Hace 20 años, el Estado Libre Asociado llegó a unos acuerdos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el caso The United States of America v. Commonwealth of Puerto Rico; The Honorable Governor of Puerto Rico Pedro Rosselló in his official capacity; Civil Action No. 94-2080, para establecer cambios en las prácticas en las instituciones juveniles sobre las penosas condiciones por las cuales nuestros niños y jóvenes tenían que pasar para lograr una efectiva rehabilitación.

En realidad, los problemas no eran tan serios como se alegaba en la demanda: eran peores. Había múltiples alegaciones del uso excesivo de la fuerza de parte del personal contra los jóvenes; el tratamiento de la salud mental y del abuso de sustancias era inadecuado o inexistente; el confinamiento de niños y jóvenes en aislamiento era indiscriminado; los programas y oportunidades de educación y educación especial eran insuficientes, entre otras violaciones.

Han pasado 20 años desde aquellos acuerdos entre la administración del Dr. Pedro Rosselló y el Departamento de Justicia de federal que buscaban erradicar las barrabasadas por las cuales nuestros niños y jóvenes tenían que atravesar para “rehabilitarse adecuadamente”. Hoy lunes 4 de diciembre se discutirán e irán a votación varios proyectos de ley, con visiones diametralmente opuestas e incompatibles, que podrían cambiar el rumbo de estos niños y jóvenes para siempre. Es como tratar de mezclar aceite con vinagre.

El Proyecto del Senado 489 persigue humanizar el Sistema de Justicia Juvenil. Ha sido propuesto por todos los partidos, los de mayoría, los de minoría, los de izquierda y derecha, los liberales y los conservadores, los avalados y apoyados por organizaciones norteamericanas como el National Juvenil Defender Center, el Mid Atlantic Juvenil Defender Center.

Dicho proyecto senatorial sigue la misma filosofía que la administración del aquel entonces gobernador Pedro Rosselló Gonzalez acordó con el gobierno de los Estados Unidos. Esta perseguía mejorar las pésimas condiciones carcelarias por las cuales atravesaban nuestros menores. Una filosofía que pensaba en el mayor bienestar del menor. El Proyecto del Senado 489 aspira garantizar la rehabilitación del menor mediante procesos enfocados en los derechos humanos, haciendo de la dignidad del ser humano el punto de partida en la toma de decisiones. No se trata de restarle de alguna manera responsabilidad a los menores por sus actos; todo lo contrario.

Propicia, en resumidas cuentas, que los menores no salgan peor de lo que entraron. Que no ocurra, como dicen, “que las cárceles de menores son fábricas de criminales”. Ese enfoque actual tiene que mejorar.

¿Qué de terrible puede tener que, como propone el Proyecto 489, qué un menor sordo tenga un intérprete? o ¿qué se prohíba el confinamiento en solitaria de niños y jóvenes?, o ¿qué se le garantice asistencia deabogado en todas las etapas del proceso?

La lamentable realidad es que a nuestros niños y jóvenes se les trata en muchas ocasiones como al peor de los adultos pero sin las garantías procesales o derechos que les cobijan a estos últimos. Un ejemplo clásico es el hecho de que un menor guíe sin licencia de conducir, con lo que se expone a hasta 6 meses de probatoria, vía a vis un adulto que se expone a una multa pecuniaria.

¿Acaso las medidas propuestas en el Senado hacen que nuestros niños y jóvenes en conflicto con la ley penal campeen por su respeto? Algunos pocos entienden que sí, sin ninguna base para sostenerlo. ¿O les dan algún tipo de “ventaja” o tecnicismo en algún tribunal a nuestros niños? Como dice un gran amigo, ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario.

El hecho de que los procesos sean confidenciales, que nuestros niños y jóvenes sean una población invisible, no nos da derecho a seguir fallándoles. Ellos crecerán y esas experiencias los marcarán toda su vida sino se hace nada al respecto.

Por otro lado, los proyectos de la Camara de Representantes 1035 y 1036 persiguen y promueven más renuncias de jurisdicción al bajar la edad a 14 años. Proponen aumentar las faltas clase III, aumentarían todos los términos de las medidas dispositivas (para que los niños y jóvenes pasen más tiempo en la cárcel), y permitirían la reclusión para delitos menos graves (faltas tipo I) hasta por más tiempo de que lo que cumpliría un adulto en prisión por el mismo delito. Estas medidas convierten el sistema de justicia juvenil en uno mucho más punitivo, carcelario y restrictivo. Me imagino que para decir a los cuatro vientos que se está luchando contra el crimen.

¿Realmente estamos ante esta crisis existencial casi a nivel de estado emergencia tipo huracán María para que tengamos que ser más restrictivos y punitivos con nuestros niños y jóvenes?

Y por poco se me olvida la terrible realidad de que nueve de cada diez o tal vez más de los niños que enfrentan procesos judiciales pertenecen a nuestro sistema de educación público. Esto evidencia un claro discrimen hacia los pobres.

Recuerde que en los colegios privados no se cometen delitos y no se fuma cannabis. Allí, de haber un niño o joven con situaciones irregulares, (no delitos ni problemas) se le busca ayuda con el mejor profesional de la salud que el dinero pueda pagar.

Estoy convencido de que tenemos la obligación moral, ministerial como usted quiera llamarla, de mejorar el sistema con un proyecto que, por casualidad del destino, es afín a los postulados de una administración con el mismo apellido pero de hace 20 años atrás. ¿No cree usted?

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